De este modo, el CCU considera que los bancos deben asumir la concesión de estos créditos al ser los que deciden qué información solicitar al cliente y los que evalúan la petición. En caso de anulación, el prestatario devolverá el crédito sin abono de intereses de ningún tipo.
Esta es una de las propuestas incluidas por el organismo en su informe de evaluación del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que considera "debería ser mejorado para prevenir el sobreendeudamiento y potenciar el crecimiento económico".
Por otro lado, el CCU pide que la nueva legislación impida a las entidades financieras vincular la concesión de una hipoteca a la contratación de productos como planes de pensiones, seguros, tarjetas, entre otros, al considerar que dichas prácticas son "excesivas" para el consumidor.
En cuanto a la ejecución de hipotecas, el CCU solicita que se añada un artículo al anteproyecto de Ley que establezca que, cuando el propietario no disponga de otra vivienda, pueda pedir al juez que, en lugar de subastar el bien, se establezca un procedimiento de acuerdo entre acreedor y deudor.
El CCU apoya la deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual, que establecerá la Ley a partir del 1 de enero de 2011, para rentas inferiores a 24.107 euros. En este sentido, CCU pide que se regule la validez de las tasaciones de inmuebles efectuadas por un tasador homologado, ajeno a la entidad de crédito donde se solicita un préstamo hipotecario.
Además, el organismo pide que la Ley permita a las asociaciones de consumidores instar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la apertura de expedientes sancionadores contra las entidades financieras que no cumplan la normativa.
Asimismo, el CCU solicita que las resoluciones de los servicios de reclamaciones de los supervisores financieros sean de obligado cumplimiento y que se establezca un plazo máximo de resolución de los expediente.
En esta línea, pide que la norma incluya que todos los organismos reguladores dispongan de un comité consultivo con presencia y participación del CCU para asegurar la participación social. Al respecto, destaca la necesidad de reforzar los mecanismos de protección al consumidor de la Dirección General de Seguros como organismo administrativo de tutela de los seguros y fondos de pensiones.
Por último, el CCU reclama que se obligue a las empresas de energía a informar con detalle a los usuarios, de forma periódica y a través de Internet, del gasto energético que realizan, algo que no se puede realizar con el actual sistema de lectura bimensual y de facturación mensual.
No hay comentarios:
Publicar un comentario