viernes, 26 de febrero de 2010

El FMI y BID preocupados por ley financiera nicaragüense

MANAGUA.- Ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijeron que ambos organismos analizan una Ley aprobada por el legislativo que protege a miles de deudores en mora y en proceso de ser embargados por empresas microfinancieras.

La "Ley Moratoria" concede un plazo de 120 días a los clientes que están en mora al 30 de junio de 2009 para renegociar sus deudas a un interés del 16% y manda a suspender los embargos y juicios.

Mirna Liévano, representante del BID dijo al Canal 12 de la televisión local que "estamos muy vigilantes y atentos", porque "es muy importante recuperar" 20 millones de dólares que el BID ha depositado en varias microfinancieras.

Agregó que las consecuencias serían que "no habría créditos".

Miguel A. Savastano, representante del FMI, que participa en la cuarta revisión del programa económico suscrito por Nicaragua consideró que "no es saludable" para la economía del país "alentar la cultura del no pago".

Nicaragua tiene compromisos contraídos con el FMI a finales del año pasado, de respetar las leyes del mercado en cuanto a las microfinancieras.

Julio Flores, presidente de la Asociación de Microfinancieras (Asomif) aseguró que si la Ley no es vetada por el presidente Daniel Ortega, el país quedaría en riesgo de que sus agentes en el exterior frenen 70 millones de dólares que ya habían destinado en créditos para este año.

Agregó que están en riesgo también 350 millones de dólares ya colocados.

El asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce Castaño, coincidió en que la ley "puede tener un efecto nefasto para el Sistema Financiero, y para la economía nacional".

"La producción y el empleo se caería", dijo Arce, quien se reunió con Asomif el jueves ofreció plantearles el caso al presidente Ortega, cuyos 39 diputados en el legislativo apoyaron la aprobación de la Ley junto con 48 opositores liberales y de otros partidos.

El vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, enlace entre Ortega y la empresa privada, condenó como"anómalo e inusual" que se regularan las tasas de interés que "deberían obedecer a las reglas del mercado".

Coincidió también en que es "nefasto y catastrófico para el país cultivar la cultura del no pago para "no arriesgar" la estabilidad macroeconómica y la estabilidad del Estado y del sistema financiero.

Las 22 microfinancieras que operan en el país atienden a más de 500.000 clientes.

La Ley fue aprobada por presiones del "Movimiento No Pago" de numerosos morosos que desde hace dos años realizan tomas de carreteras y hasta causado daños a edificios de algunas microfinancieras.

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