Así aparece en la actualización del Programa de Estabilidad que el Ejecutivo ha remitido a Bruselas, en el que se concreta los pasos a dar para volver a una situación de estabilidad presupuestaria en 2013.
Para este año, el plan prevé que la administración central reduzca su déficit del -9,5% en 2009 al -6,2%, sin embargo estima que las comunidades autónomas volverán a incrementarlo desde el -2,2% al 3,2%. Por su parte, la Seguridad Social mantendrá una situación de superávit del 0,2% hasta 2013.
Según los cálculos del Gobierno, el déficit estructural tras la desaparición de las medidas será del 5,7% del PIB. El Presupuesto de 2010 lo reducirá en 2,1 puntos, por lo que quedan 3,6 puntos de déficit que hay que eliminar de aquí al 2013, a los que hay que sumar 0,6 puntos derivados de gastos estatales adicionales.
Para conseguirlo, el Gobierno ha diseñado el plan de acción inmediata para el 2010 que presentó la semana pasada, que afectará principalmente al Presupuesto del Estado y con el que pretende reducir un 0,5% el gasto presupuestado inicialmente.
En concreto, este plan implicará, por un lado, una disminución de la dotación consignada al Fondo de Contingencia. Por otro, se declarará la no disponibilidad de créditos de gasto, que afectarán, principalmente, a inversiones reales, transferencias de capital y corrientes y a gastos de funcionamiento, aunque en menor medida.
Además y de forma provisional, se ha realizado una distribución de la no disponibilidad entre los distintos departamentos ministeriales, que deberán proponer al Ministerio de Economía y Hacienda los créditos concretos a los que deberá afectar la declaración de no disponibilidad.
Como parte de este plan de acción inmediata, se reducirá la oferta de empleo público durante el 2010 al 10% de la tasa de reposición de efectivos y no se efectuará ninguna nueva contratación de personal interino. Además, se autoriza al Ministerio de Economía a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la efectividad de estas iniciativas.
De cara a los próximos años, el Gobierno ha diseñado un Plan de Austeridad 2011-2013 que reducirá en 1,9 puntos la remuneración de los asalariados, lo que equivale a un recorte del 4% en términos nominales en comparación con el nivel de 2009. Esto se conseguirá a través de una práctica congelación de la oferta de empleo público y una "fuerte" moderación salarial.
De la misma forma, el plan reducirá los consumos intermedios, las transferencias y otros gastos de forma permanente en un punto porcentual durante este periodo, en un marco de racionalización de las jornadas de trabajo y de utilización más eficaz de los medios materiales. Se exceptúan prestaciones sociales, dependencia, becas y aportaciones a la UE.
Por su parte, la formación bruta de capital fijo disminuirá su peso en 0,9 puntos porcentuales, lo que supondrá un retroceso del 14% respecto al nivel de 2009. Las inversiones en infraestructuras serán las menos afectadas, aunque se resentirán "significativamente". Las subvenciones, por su parte, se recortarán en 0,5 puntos porcentuales.
Con todas estas medidas, el peso de los ingresos públicos en el PIB irá aumentando progresivamente, desde el 34,6% alcanzado en 2009 hasta el 38,3% que lograrán en 2013. Por el contrario, el peso de los gastos se irá reduciendo desde el 46,1% del 2009 hasta el 41,3% que supondrán en 2013.
En esta misma línea y teniendo en cuenta las últimas modificaciones impositivas aprobadas por el Ejecutivo, el peso de los impuestos irá aumentando año a año y cerrará el 2013 en un 21,6% desde el 18,2% de 2009. Por su parte, la remuneración de los asalariados, que llegó al 18% en 2009 y se elevará al 18,1% en 2010, se quedará en el 15,1% en 2013.
Para hacer efectivas todas estas medidas antes del 1 de mayo, el Gobierno aprobará un Plan de Reestructuración del Gasto Público, que comportará una revisión exhaustiva de todos los programas y políticas de gasto de la Administración General del Estado y la racionalización de sus estructuras, así como del sector público empresarial.
Asimismo, antes del 1 de marzo se instará a cada departamento ministerial a presentar al Ministerio de Economía una propuesta específica de su departamento, organismos y empresas, mientras que las CC.AA. y corporaciones locales deberán aprobar un plan de reestructuración del gasto público.
Además, se creará, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un grupo de trabajo para la elaboración de un acuerdo marco que permita el seguimiento de las actuaciones destinadas a reducir el déficit y otro grupo de trabajo que elaborará propuestas para mejorar la eficiencia de los servicios.
Junto a todos estos objetivos, se incluye también el compromiso de mantener el nivel de la deuda pública por debajo del promedio de los países de la eurozona y recuperar la tendencia de reducción para alcanzar y mantener en el medio plazo el límite del 60% del PIB establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
De hecho, el Gobierno cree que la deuda pública aumentará en 19 puntos en el periodo 2010-2013, al pasar del 65,9% de 2010, al 71,9% en 2011, el 74,3% en 2012 y el 74,1% en 2013, momento en el que comenzará a descender "ligeramente".
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