La directiva en cuestión se propone mejorar la credibilidad de la información financiera y reforzar la protección de la UE contra los escándalos financieros. Contiene, entre otras cosas, disposiciones relativas al control cautelar público, la obligación de garantizar la calidad externa, los deberes de los auditores legales, la utilización de normas internacionales y los principios de independencia de los auditores.
Además, la directiva establece las bases para una cooperación entre las entidades reguladoras de la UE y las de terceros países.
La Comisión Europea denunció a España ante el TUE por no haber cumplido los plazos exigidos. En su defensa, las autoridades españolas alegaron "la complejidad y amplitud del proceso de elaboración del proyecto de ley" para trasponer la directiva, el avanzado estado en que se encuentra el procedimiento legislativo y los esfuerzos realizados para reducir al mínimo la duración de éste.
No hay comentarios:
Publicar un comentario