jueves, 25 de febrero de 2010

En Argentina, el gobierno enfrentado a nubarrones por el potencial uso de las reservas

BUENOS AIRES.- El gobierno argentino se enfrenta a un comienzo de año austral sembrado de obstáculos por el rechazo de la oposición a su deseo de usar reservas millonarias para el pago de la deuda externa y la pérdida de la mayoría en el Congreso, que apunta a convertirse en un campo de batalla.

A las dificultades del frente político podrían sumarse los interrogantes que se abren en el campo económico, con una administración que incurre en un excesivo gasto público y que debe evitar que la inflación se dispare, dijeron analistas hoy jueves.

"Atravesaremos situaciones complicadas", afirmó el analista Ricardo Rouvier, quien vaticinó que se producirán turbulencias políticas hasta las elecciones presidenciales de 2011.

En un fallo que fue interpretado como un revés para el oficialismo, una cámara judicial no accedió el miércoles a suspender la medida cautelar que prohibía al gobierno usar 6.569 millones de dólares de reservas del Banco Central para pagar deuda y elevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, que ahora tiene en sus manos un asunto candente que generó en los últimos dos meses una crisis política e institucional en Argentina.

La controversia gira en torno a un decreto que la presidenta Cristina Fernández firmó en diciembre --en pleno receso parlamentario-- que dispone la creación del Fondo del Bicentenario con reservas del Banco Central para hacer frente a los vencimientos de la deuda con organismos internacionales y acreedores externos, que este año ascienden a unos 13.000 millones de dólares.

El decreto fue cuestionado por el anterior presidente del Banco Central, Martín Redrado, quien en febrero fue removido del cargo en medio de un enfrentamiento con el oficialismo. Redrado cuestionaba que, con su iniciativa, el gobierno alentaba a acreedores que demandan judicialmente el pago de bonos argentinos en "default" desde 2001 a embargar fondos nacionales.

Legisladores de la oposición sostienen que al girar el caso a la Corte Suprema, el Congreso --donde el oficialismo perdió la mayoría en ambas cámaras después de las elecciones legislativas de junio-- es el escenario donde se debe aprobar o rechazar el uso de ese dinero cuando la próxima semana se reabra el debate.

Dirigentes opositores dan por hecho que cuentan con los votos necesarios para que el decreto sea rechazado.

Algunos diputados consideran que es necesaria una ley al respecto. Es previsible que los grupos izquierdistas planteen además un debate sobre si la deuda "es legítima", señaló Rouvier.

También puntualizó que aunque el oficialismo perdió el poder que retenía en ambas cámaras legislativas --donde sigue siendo primera minoría-- "en el Congreso no hay mayorías claras", debido a que la oposición está dividida y el traspaso de votos de un bando a otro funciona con regularidad.

Los problemas del oficialismo y la oposición para consensuar se reflejan por ejemplo en el Senado, donde está trabada la composición de las comisiones.

Para Edgardo Mocca, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, esta es la primera vez que un decreto de necesidad y urgencia genera una "radicalización de la discusión parlamentaria" como la actual.

Cuestionó la actitud de bloqueo permanente de la oposición y se lamentó de que Argentina pueda sufrir "complicaciones políticas", en momentos en que su situación económica "no es mala".

Analistas económicos creen en tanto que el gobierno debería controlar el gasto público y la inflación, que según analistas privados estará en 2010 en torno al 22% (el gobierno la calcula en 6,1%).

El experto Fausto Spotorno opinó que "el gasto público aumentó mucho, hasta un 45 por ciento del PIB, lo que es un récord histórico".

Puntualizó que Argentina no tiene problemas de déficit fiscal como España o Grecia, aunque sí "dificultades políticas" porque el oficialismo "no se decide" a reconocer las cifras reales de la inflación, que, según opositores y analistas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos maquilla en sus informes.

También consideró necesario que el gobierno concrete el canje de deuda para los acreedores que no participaron de una operación similar en 2005 con el objetivo de lograr el retorno a los mercados financieros internacionales, que tiene cerrados desde fines de 2001, cuando declaró el cese de pagos de su deuda.

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