Por ello, el máximo órgano fiscalizador mexicano solicitó a la Secretaría de Hacienda la reintegración a las arcas públicas de esos recursos, solicitados en 2008 para aplicar en el programa "Política de desarrollo sobre el cambio climático" y firmado por el Gobierno de México.
En total, la Auditoría revisó el 100% de los recursos contratados por el Gobierno federal con el Banco Mundial por 500 millones de dólares que debieron ser aplicados en proyectos de la Secretaría de Medio Ambiente.
Cuando el Banco Mundial entregó el crédito, los diputados federales de la pasada Legislatura criticaron la conveniencia de éste y los espacios para su aplicación, ya que el destino de los recursos consignados en el contrato no se vinculaba con obras productivas.
"Los términos pactados en el contrato de préstamo no definen los tiempos en los que se realizarían las reuniones para intercambiar puntos de vista sobre los logros avanzados durante la realización del programa, ni para elaborar los informes sobre su implementación, situación que obstaculiza la programación y evaluación del cumplimiento de los objetivos y las metas del programa y de las acciones pactadas en el contrato", detalla el órgano fiscalizador.
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