viernes, 5 de febrero de 2010

La percepción del riesgo-país de España toca máximos históricos

LONDRES.- La percepción del riesgo de impago de la deuda pública española a cinco años alcanzó un nuevo máximo histórico después de que los seguros contra impago de crédito ('credit default swap' o CDS) tocaran los 182 puntos en su cotización intradiaria, arrastrados por el deterioro de la confianza en la evolución de la deuda de Grecia y Portugal, cuyos seguros contra impago también registran niveles récord, según datos contrastados.

De este modo, el coste de asegurar una emisión de bonos de España a cinco años se eleva a 182.000 euros anuales por cada diez millones de euros de deuda, frente a los 170.200 euros que costaba al cierre de la sesión de ayer. En el caso de Grecia, los CDS se encuentran en el nivel récord de 445 puntos, mientras que los de Porugal alcanzaron un máximo histórico.

"Hay mucha confusión y volatilidad", señalaron fuentes de CMA Datavisión, después de la escalada registrada en el precio de los seguros contra impago de deuda y en los diferenciales de deuda de los países agrupados bajo el acrónimo anglosajón PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España) ante la incertidumbre sobre sus finanzas públicas.

En el caso del bono español a 10 años respecto al 'bund' alemán el diferencial se ampliaba hoy hasta los 101 puntos básicos, mientras en el caso de los bonos griegos alcanzaba los 368,5 puntos básicos y el portugués los 174,4 puntos.

El pasado miércoles, Portugal sólo fue capaz de colocar en el mercado 300 millones de euros de una emisión de deuda a doce meses, frente a los 500 millones de euros inicialmente previstos, mientras que en el caso de España el Tesoro Público adjudicó ayer 2.517 millones de euros en bonos a tres años, pero se vio forzado a subir la rentabilidad hasta el 2,662%, medio punto más respecto a la subasta anterior.

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, centró la mayor parte de su rueda de prensa posterior a la decisión de ayer sobre tipos de interés a instar a los gobiernos de la zona euro a cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a llevar a cabo las reformas estructurales y las medidas de recorte del gasto necesarias para cumplir con los objetivos de déficit contemplados en dicho acuerdo.

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