domingo, 28 de febrero de 2010

Salgado responde a S&P que España demostrará "con los hechos" que cumplirá el plan de estabilidad

MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha respondido al último informe publicado por la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's, en el que duda de la eficacia del plan de estabilidad del Gobierno, asegurando que España "demostrará con los hechos" que cumplirá con el plan trazado "punto por punto".

Salgado explicó que, para conseguirlo, el país cuenta con una reducción "importante" del gasto y con el "moderado" incremento de los impuestos que figura en Ley de Presupuestos del año 2010, fundamentalmente del IVA.

La 'número tres' del Ejecutivo socialista admitió que aún no se conocen todos los detalles del plan, pero avanzó que se irán conociendo a medida que se vayan presentando a las comunidades autónomas y entidades locales.

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's mantuvo el viernes la perspectiva "negativa" sobre la nota a largo plazo 'AA+' de España si no se adoptan medidas "más agresivas y tangibles" para hacer frente a los desequilibrios fiscales y económicos del país, y advirtió de que la debilidad de las previsiones de crecimiento podrían dañar el plan de consolidación fiscal del Gobierno.

De hecho, la calificadora de riesgos consideró probable que el déficit público se mantenga sobre el 5% del PIB hasta 2013, en contra de las previsiones oficiales de reducirse al 3% en esa fecha, por lo que el endeudamiento del Estado subiría al 80% del PIB en 2012.

A pesar del informe, Salgado aseguró que España "no está en el punto de mira" de los mercados, con independencia de que se publique de vez en cuando alguna noticia en este sentido, y recordó que las agencias de 'rating' no han cambiado sus valoraciones sobre la deuda española.

En este sentido, señaló que dos de ellas (Fitch y Moody's) han mantenido la máxima calificación crediticia (triple A), mientras que la otra (Standard & Poors) la ha situado en AA+. "No ha habido absolutamente ningún cambio en relación a la situación anterior a la crisis que se estima que está atravesando Grecia", añadió.

La vicepresidenta económica insistió en que la reducción del déficit es una de las prioridades del Gobierno, adelantó que será en marzo cuando la Comisión Europea someta a examen el plan de estabilidad presupuestaria enviado por España el pasado mes de enero y confió en que el dictamen sea "favorable".

En este sentido, afirmó que España ha seguido "punto por punto" todas las recomendaciones y que empezó a llevar a cabo acciones efectivas en el año 2009, tal y como pudo constatar Bruselas, motivo por el que se le concedió un año más para reconducir sus finanzas públicas.

Sobre el papel que jugarán las comunidades autónomas en la reducción de un déficit que ya supera el 11% del PIB, la ministra confió en que los territorios cumplan con los objetivos que se les van a plantear de aquí a 2013 en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Por otro lado, la ministra descartó la posibilidad de acometer nuevas subidas de impuestos para conseguir este objetivo a pesar de que la presión fiscal española sea entre ocho y diez puntos inferior a la del resto de Europa.

"No estamos pensando en ningún cambio", señaló, tras reconocer, sin embargo, que será necesario sustituir los ingresos que proporcionaban algunas actividades inmobiliarias a la Hacienda Pública por otros, algo que, a su parecer, se podrá hacer con la subida del IVA y a través de la propia recuperación económica, que permitirá que mejoren el resto de los ingresos.

En este sentido, Salgado rechazó las críticas del PP a la subida del IVA y defendió, en primer lugar, que las previsiones de Gobierno ya contemplan que incremento provoque un aumento de los bienes de consumo duradero en el trimestre anterior y una retracción de los mismos en el trimestre en el que se produzca la subida, que se compensará en los meses siguientes.

Además, aseguró que beneficiará por la vía de los ingresos a todas las comunidades autónomas, "también a las del PP", aunque se mostró partidaria de plantear algunas excepciones en sectores generadores de empleo, como en la rehabilitación de viviendas para eficiencia energética de accesibilidad.

Sin embargo, no quiso referirse a otros casos porque será una de las cosas que se estudiarán durante la negociación con los partidos y porque cualquier actuación en este sentido requiere una autorización de la Comisión Europea, que se ha mostrado dispuesta a aceptar reducciones de este impuesto en algunas actividades intensivas en empleo durante la crisis.

Sí admitió también que en el futuro se apostará por la 'fiscalidad verde', aunque con la condición de que se haga de forma armonizada con el resto de Europa, por lo que habrá que esperar a que la Comisión Europea presente una nueva directiva para aprobarla en España y realizar ciertos cambios que, en cualquier caso, no tienen que producir necesariamente un aumento de la recaudación.

La vicepresidenta económica consideró que España no va a tener ningún tipo de problema a la hora de colocar su deuda, ya que actualmente está teniendo "sobredemanda" en todas las emisiones, no se ha detectado ningún problema y sigue contando con una base diversificada de compradores.

Aflorados todos los activos tóxicos

Salgado expresó su convicción de que a la banca española no le queda ya más riesgo promotor o inmobiliario oculto en sus balances y, en ese sentido, no tienen activos 'tóxicos'.

"Creemos que ya ha salido a la luz todo el riesgo inmobiliario en los balances de la banca. No pensamos que haya activos 'tóxicos' que no hayan aflorado", subrayó.

Salgado valoró la ejemplar labor de supervisión y control realizada a este respecto por el Banco de España, con resoluciones en las que han ido aclarando a las entidades cómo deben valorar dichos activos.

En este sentido, señaló que el organismo que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez ha dictado una nueva resolución en la que obliga a las entidades financieras a provisionar el 30% del valor de tasación de los activos inmobiliarios que permanezcan más de un año en el balance, frente al 20% establecido el pasado mes de noviembre.

Para la vicepresidenta económica, la nueva exigencia del Banco de España no debe interpretarse como una señal de desconfianza en los criterios de prudencia o transparencia aplicados por la banca, sino que quiere decir que en algunos casos se estaban dando créditos inmobiliarios por un importe en torno a un 30% superior al valor de la vivienda.

"La vivienda sigue estando ahí, es un bien físico, tangible y se estima que la depreciación máxima puede ser de un 30%; es una posición razonable del Banco de España", enfatizó.

La Asociación Hipotecaria Española (AHE) ha advertido de que buena parte de la deuda que tienen contraída las inmobiliarias con los bancos (unos 325.000 millones de euros) no podrá cobrarse nunca, por lo que ha urgido a sacar del balance de las entidades dichos activos para evitar un deterioro mayor en la solvencia y el rating del sector financiero y del conjunto de la economía.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda volvió a lanzar un mensaje a las cajas de ahorros para que aceleren sus procesos de reestructuración antes de que venza el plazo del 30 de junio dado por la Comisión Europea para la utilización del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Para ello, pidió a las comunidades autónomas "que faciliten el proceso", y se mostró convencida de que la inciativa tiene que surgir de las cajas y ser tutelada por el Banco de España. "Si se deja que esas condiciones operen, creo que será posible llegar a junio con todos los deberes hechos", consideró.

Por último, la titular de Economía y Hacienda cree que "no sería bueno en estos momentos, en mitad de los procesos de reestructuración", modificar la Ley de Organos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), tal y como reclama la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

El presidente de las cajas de ahorros, Juan Ramón Quintás, ha insistido en la necesidad de dotar de regulación a los SIP (plataforma de integración de entidades), al considerar que permitíra hacer frente a los vetos autonómicos y agilizar las integraciones.

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