El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible elaborado por el Gobierno español se presenta como la respuesta del ejecutivo a la situación de crisis económica que atravesamos. Éste recoge un conjunto de medidas y reformas normativas que persiguen impulsar un crecimiento económico equilibrado y sostenible, y quiere hacerlo sobre la base de fomentar la competitividad entre empresas y la sostenibilidad ambiental.Sin embargo, el Anteproyecto vuelve a poner en evidencia errores cometidos en estos años y que, irremediablemente, nos han pasado factura, especialmente a los más débiles del mercado y a los colectivos sociales más vulnerables.
Esos errores pasan por seguir considerando que en el mercado sólo hay un sujeto activo, las empresas, sólo un mecanismo equilibrador, la competencia, entendida como fin en sí misma y no como instrumento en beneficio del consumidor, y un sujeto pasivo, el consumidor cuyo objetivo debe ser consumir, eso sí, consumir bien informado.
Durante los años de crecimiento, nuestro modelo económico se basó en el consumismo de bienes y servicios y en la construcción como sistema de inversión especulativo cuyo fin era conseguir en poco tiempo grandes beneficios, generando con ello profundos desequilibrios sociales, solapados bajo un bienestar que se sustentaba en el endeudamiento familiar, la creación artificial y artificiosas de mercados poco transparentes y un abuso en la posición de las empresas frente a los ciudadanos (banca, telecomunicaciones, energía, etc...).
El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, sin embargo, pasa de soslayo sobre estos factores y no cuestiona realmente ese modelo productivo basado en la especulación y en patrones irracionales de consumo.
No se pone en tela de juicio un modelo económico cuyas bases son el consumo como único valor y motor de nuestra economía, la desregulación de determinados sectores estratégicos en pro del mercado puro y duro y en detrimento del ciudadano, en la competencia como fin en sí mismo y en la ganancia a corto plazo, elementos también a superar por formar parte indisoluble del concepto de insostenibilidad.
La norma no cuestiona el desequilibrio existente en el mercado, no introduce la necesidad de replantearse otros cánones de crecimiento donde también el consumo sostenible, la protección de los consumidores y su auténtica participación en los órganos reguladores sean claves y ejes de un nuevo modelo económico "socialmente sostenible".
Son muchos los ejemplos y muchas las consecuencias correspondientes sufridas por miles y miles de ciudadanos en estos últimos años: la escalada demencial del precio de la vivienda, el endeudamiento ligado a la concesión de créditos sin valoración de solvencia, los montajes de pseudo-inversión camuflados bajo compras de bienes tangibles (Forum y Afinsa), escándalos como Gescartera, las quiebras de Air Madrid y Air Comet, las cláusulas abusivas en contratos bancarios, los abusos de las telefónicas...
El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible no profundiza en aspectos ligados a los mercados como la seguridad, calidad, transparencia e información a los consumidores.
Además adolece de una apuesta real por el equilibrio de fuerzas, productores y consumidores, y se echa en falta también una apuesta clara y decidida por la regulación en beneficio de los derechos del consumidor (y no sólo para obtener un aumento de la competencia) y por la promoción de auténticos mecanismos de participación social y ciudadana como instrumentos legitimadores de las medidas que deban adoptarse por un modelo económico más sostenible, también desde el punto de vista social, y por supuesto más ético.
(*) Secretaria General de FACUA
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