martes, 9 de marzo de 2010

El Gobierno español cifra en 4.000 millones el efecto bruto del nuevo plan contra el fraude fiscal

MADRID.- El Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, tendrá un efecto bruto sobre la recaudación de 4.000 millones de euros de aquí a 2013, puesto que permitirá evitar la pérdida de unos 3.000 millones sobre lo recaudado en 2009 y aportará 1.000 millones de euros adicionales.

Así lo explicaron fuentes del Ministerio y Hacienda, quienes aseguraron que si no se pusiera en marcha un plan de este tipo la recaudación por la lucha contra el fraude fiscal caería de aquí a tres años desde los 8.119 millones que se recaudaron en 2009.

Según las fuentes, una de las razones para realizar un plan integral es adaptar la lucha contra el fraude a la situación económica y dar respuesta a las conductas fraudulentas más frecuentes, así como garantizar la equidad y justicia del sistema tributario y de Seguridad Social.

De la misma forma, apuntaron a la necesidad de incrementar la eficacia de los instrumentos de control disponibles para reducir las 'zonas de sombra' entre las actuaciones de inspección y a la intención de contribuir a la consolidación de las finanzas públicas.

Así, uno de los principales objetivos es intensificar el control sobre la economía sumergida y las áreas de sectores de mayor riesgo mediante el fortalecimiento de la cooperación entre la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para conseguirlo, el plan contempla el uso compartido de la información disponible por parte de los tres organismos a través de la creación de bases de datos conjuntas, el diseño de actuaciones compartidas en materia de control y la actuación coordinada en la recaudación de los tributos y de las cotizaciones sociales.

Según las fuentes, la principal novedad del nuevo plan, que se pondrá en marcha de manera inmediata porque no tiene que pasar por el Parlamento, es precisamente el aumento de la colaboración entre los distintos organismos fiscales.

Otro de los objetivos es facilitar los sistemas de cumplimiento voluntario a través de campañas de información sobre los riesgos de defraudar, la implicación de los agentes económicos y sociales con la firma de acuerdos y la reducción de las cargas administrativas con la creación de un certificado conjunto sobre el cumplimiento tributario, entre otras cosas.

El tercer objetivo del plan es reorientar las actuaciones de control a sectores de mayor riesgo de fraude, para lo que se definirán de forma conjunta las áreas de riesgo y de procedimientos de actuación coordinada y se realizará un control integral de la actividad económica que se realiza de forma irregular mediante la elusión del pago de impuestos o cotizaciones.

Dentro de este campo entra el fraude por contrabando de determinadas mercancías, las empresas insolventes con actividad, el control de horas extra no declaradas y las bajas indebidas por fiestas y vacaciones y los trabajadores falsamente autónomos.

En este sentido, las fuentes del Ministerio explicaron que el descenso de la actividad inmobiliaria ha supuesto un reducción en el fraude de este sector, lo que obliga a revisar los recursos que se han dedicado de forma intensiva a esta actividad en los últimos años.

Para mejorar la coordinación recaudatoria, se formalizarán consejos territoriales de coordinación, se creará la Comisión Mixta para la recaudación de grandes expedientes con el fin de coordinar actuaciones en aquellos expedientes de especial impacto recaudatorio y se fijarán de forma conjunta los criterios en operaciones de embargo, depósito y enajenación de bienes embargados o hipotecados en procedimientos concursales.

Sólo en el ámbito fiscal, el nuevo plan pretende detectar rentas no declaradas depositadas en entidades de crédito de la UE, investigar signos externos por vinculación a fraude fiscal o blanqueo de capitales, rastrear centro de planificación fiscal ilícita, crear un plan de lucha contra el fraude fiscal a través de paraísos fiscales y realizar una división artificial de la actividad de contribuyentes en módulos.

En el ámbito laboral, se estudiarán los trabajos en talleres clandestinos, las campañas estacionales agrícolas, el comercio minorista a precios notoriamente bajos y las actividades peligrosas en medidas de prevención y protección adecuadas.

Finalmente, en la Seguridad Social se llevará a cabo el control de actuaciones irregulares en relación a los trabajadores extranjeros, el control y seguimiento de empresas a partir de la detección del primer impago de cuotas y se investigará el fraude en materia de afiliación, altas, cotización, prestaciones y bonificaciones.

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