El borrador inicial de la estrategia afirmaba que con las reformas propuestas se crearán 5,6 millones de nuevos puestos de trabajo. El texto final no recoge esta estimación de Bruselas porque, según explicó Barroso, porque "las previsiones macroeconómicas de todo tipo en esta crisis han demostrado ser muy frágiles"
El nuevo plan, una de las prioridades de la presidencia española para este semestre, debe sustituir a la fallida estrategia de Lisboa, que pretendía convertir a la UE en la economía del conocimiento más competitiva del mundo en 2010. Pero sus objetivos han sido sistemáticamente incumplidos por los Estados miembros porque ello no tenía ninguna consecuencia.
Pese al fracaso de Lisboa, el Ejecutivo comunitario no propuso tampoco esta vez sanciones para los países que no respeten los objetivos económicos, tal y como había sugerido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Creo que no hay instrumentos legales ahora para imponer castigos o sanciones. Y no sé si realmente era apropiado hacerlo", dijo Barroso al ser preguntado por posibles sanciones.
No obstante, la Comisión sí que sugiere reforzar los mecanismos de cooperación económica entre los Estados miembros. Para ello, Bruselas enviará recomendaciones a los países incumplidores e incluso advertencias políticas para que modifiquen su política económica como se ha hecho recientemente con Grecia.
En todo caso, el presidente del Ejecutivo comunitario admitió que "si los Estados miembros no quieren no será posible tener una estrategia común para Europa".
"La UE no está en condiciones de imponer una estrategia común si los Estados miembros no quieren", dijo Barroso.
Sin embargo, consideró que tras la crisis económica y los problemas que afectan a Grecia, los líderes europeos tienen "mucha mayor consciencia de la necesidad de trabajar juntos" y de que haya "un gobierno económico de Europa".
Este papel, según ha propuesto el presidente permanente del Consejo Europeo, lo podrían asumir los jefes de Estado y de Gobierno celebrando cumbres mucho más frecuentes, incluso mensuales.
El objetivo de la nueva estrategia es consolidar la recuperación económica y mejorar la competitividad de los Estados miembros. El PIB de la UE cayó un 4% en 2009, la producción industrial retrocedió a los niveles de los años 90 y 23 millones de personas (el 10% de la población activa) se encuentran en paro.
El déficit público se ha disparado al 7% del PIB de media y la deuda supera el 80% del PIB, de manera que "dos años de crisis han borrado veinte años de saneamiento fiscal. Finalmente, la crisis ha reducido a la mitad el crecimiento potencial de la UE.
Para recuperar un crecimiento del 2% y centrar las reformas, la Comisión propone que la nueva estrategia económica se centre únicamente en cinco objetivos. "No recuerdo cuántos objetivos tenía originalmente la estrategia de Lisboa. De hecho nadie lo sabe y ese era uno de los problemas de esa estrategia", señaló Durao Barroso.
En primer lugar, Bruselas pide, aumentar la tasa de empleo de la población entre 20 y 64 años del actual 69% al 75% en 2020. La estrategia de Lisboa marcó como objetivo una tasa del 70% en 2010, pero el nivel de empleo de la UE sólo alcanzó el 66% en 2008 y luego volvió a caer como consecuencia de la crisis. En todo caso, el nuevo objetivo no es comparable porque la estrategia de Lisboa calculaba la cifra para la población entre 15 y 64 años.
En segundo lugar, Bruselas propone mantener el objetivo de aumentar el nivel de inversión en I+D hasta el 3% del PIB, que ya recogía la estrategia de Lisboa. En los 10 años de esta estrategia, el gasto total en I+D en la UE apenas mejoró marginalmente, del 1,82% en 2000 al 1,9% en 2008.
La Comisión pide simultáneamente diseñar un indicador que refleje la intensidad de I+D+i. Según borradores anteriores de la nueva estrategia, este nuevo indicador debería aumentar del actual 2,9% al 4% del PIB.
El Ejecutivo comunitario quiere además incluir en la estrategia económica los objetivos ya acordados de lucha contra el cambio climático: reducción de las emisiones del 20%, ahorro energético del 20% y cuota de renovables del 20%.
El cuarto objetivo que propone Bruselas tiene que ver con la educación y consiste en reducir la tasa de abandono escolar del 15% de media actual (en España el doble) a menos del 10% de aquí a 2020, y en aumentar la cuota de población entre 30 y 34 años que ha completado la educación terciaria (tanto la universitaria como la no universitaria) del 31% al 40%.
El indicador más novedoso que crea la Comisión tiene que ver con la pobreza. El Ejecutivo comunitario quiere que en los próximos años el número de personas que viven en la UE por debajo del umbral de la pobreza se reduzca en 20 millones, un 25% del total actual.
Cada Estado miembro deberá convertir de aquí a junio estos objetivos de la UE en objetivos nacionales, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares y los diferentes puntos de partida. Una vez fijados los objetivos nacionales, los países informaran cada año a la Comisión de sus progresos.
Ello se hará al mismo tiempo que se examine la política presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). De esta forma, Bruselas podrá analizar simultáneamente todos los aspectos de las políticas económicas de los Estados miembros y enviar sus recomendaciones y alertas.
Además, la Comisión quiere concentrar las ayudas europeas -por ejemplo el fondo social o los fondos estructurales- así como los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el cumplimiento de estos cinco objetivos. En paralelo, se podrán en marcha una serie de iniciativas conjuntas de la UE, entre las que destaca la creación de un mercado digital, tal y como había reclamado Zapatero en el discurso que realizó ante el Parlamento Europeo.
El Ejecutivo comunitario señala que el primer paso para cumplir la estrategia 2020 debe ser poner en marcha estrategias de salida para ir suprimiendo progresivamente las medidas de estímulo diseñadas para combatir la crisis y reducir el déficit y la deuda. Para la mayoría de los países, la consolidación fiscal deberá empezar en 2011, señala el borrador, aunque los Estados miembros con más desequilibrios deben empezar antes.
Además, el proceso de reducción del déficit por debajo del umbral del 3% que marca el PEC debe completarse en 2013, plazo que tiene España.
Para lograrlo, la Comisión admite que en algunos países deberán subir los impuestos. En ese caso, pide que no se aumente la fiscalidad sobre el trabajo sino que se opte por nuevas tasas sobre la energía o medioambientales.
"La consolidación fiscal y la garantía de la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas exigirán importantes reformas estructurales, en particular en los sistemas de pensiones, salud, protección social y educación.
La propia administración pública deberá hacer más con menos", advierte el Ejecutivo comunitario, que también reclama reformas laborales para reducir la segmentación entre contratos fijos con mucha protección y los temporales que no tienen ninguna.
No hay comentarios:
Publicar un comentario