El propio presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, confirmó el pasado martes en la Eurocámara la existencia de este fondo para rescatar a Grecia. "La Comisión ha trabajado activamente con los Estados miembros de la eurozona para diseñar un mecanismo que Grecia podría usar en caso de necesidad. Este mecanismo se ajustará al actual Tratado de Lisboa, en particular a la cláusula que impide un rescate (en la eurozona). E incluirá duras condiciones", anunció Barroso sin dar ningún detalle más.
Se trataría de la contrapartida que ofrece la UE tras el último paquete de medidas de ajuste anunciado por el Gobierno griego para reducir su déficit del 12,7% al 8,7% del PIB este año y alejar el riesgo de quiebra. Entre las medidas se incluye la subida del IVA y los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco, así como la reducción de las pagas extra de los funcionarios. Bruselas considera que estas medidas, que están provocando una fuerte contestación social, son de momento suficientes, aunque seguirá vigilando las cuentas griegas y presentará un nuevo informe en mayo.
Los ministros de Economía de la eurozona hablarán también de la propuesta más a largo plazo de Alemania de crear un Fondo Monetario Europeo (FME), cuyo objetivo sería permitir en el futuro rescatar a países amenazados por crisis de endeudamiento como Grecia. La puesta en marcha de este Fondo se acompañará de un endurecimiento de las sanciones contra los países que incumplan los límites de déficit y deuda, hasta llegar a la expulsión de la eurozona. Ello exigiría una reforma de los Tratados, según ha dicho la canciller Angela Merkel.
La crisis de endeudamiento griega será también abordada en la reunión de todos los ministros de Economía de la UE que se celebra el martes y que estará presidida por la vicepresidenta económica, Elena Salgado. La presidencia española tratará de lograr un acuerdo sobre la norma que regulará los fondos de alto riesgo ('hedge funds') pese a la resistencia de Reino Unido y las críticas de Estados Unidos, que considera que la directiva es proteccionista.
De hecho, el secretario del Tesoro, Tim Geithner, ha escrito una carta a Salgado y al comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, en la que expresa su "preocupación" por considerar que la norma de la UE sobre 'hedge funds' "discriminará a las empresas estadounidenses y les denegará el acceso al mercado de la UE del que ahora disfrutan".
La presidencia española no se ha pronunciado, pero la Comisión asegura que esta norma no es proteccionista sino que se limita a cumplir los acuerdos del G-20 para que ningún instrumento financiero escape a la regulación.
De hecho, uno de los principales puntos de discrepancia que llega sin acuerdo a la reunión del martes es el tratamiento que debe darse a los gestores de fondos de alto riesgo basados fuera de la UE. Reino Unido reclama que, si estos gestores son autorizados por el supervisor de un Estado miembro, se beneficien de un pasaporte europeo que les permita operar en todos los países de la UE. Ello permitiría que los 'hedge funds' basados en territorios dependientes de Reino Unido como Jersey o las islas Caimán puedan trabajar en toda la UE si los aprueba la autoridad británica.
El resto de Estados miembros se oponen a dar un pasaporte europeo a los gestores de fondos extranjeros porque no estarán sometidos a las mismas exigencias de transparencia que impondrá la UE. Reclaman que se mantenga la situación actual, es decir, que los gestores de fuera de la UE tengan que pedir autorización en cada uno de los países en los que quieran operar.
La presidencia española no descarta aprobar la directiva incluso con el voto en contra de Reino Unido, pese a que en la City de Londres es donde se concentran la mayoría de los 'hedge funds' europeos.
La norma sólo se aplicará a los gestores de 'hedge funds' con una cartera de más de 100 millones de euros. Para los gestores que no recurran al apalancamiento el límite para escapar a la regulación será más alto, de 500 millones, por considerarse que no plantean un riesgo sistémico.
Para operar en la UE, los gestores de fondos de alto riesgo deberán obtener la autorización del supervisor del Estado miembro en el que estén basados y estarán sujetos a supervisión y a controles estrictos, así como a duras exigencias de transparencia. Los supervisores tendrán todos los poderes necesarios para intervenir en caso de que el apalancamiento de los fondos suponga una amenaza para la estabilidad del mercado financiero.
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