Comunidades indígenas del sudeste de Bolivia mantienen cortada desde hace siete días una ruta férrea por donde San Cristóbal y otras empresas exportan minerales. El viernes los manifestantes saquearon y quemaron una oficina de la empresa en la localidad de Avaroa fronteriza con Chile donde están varados 135 vagones con concentrados de minerales.
Reclaman varias demandas entre ellas el pago por el uso de aguas de esa compañía que es la minera más grande del país.
Pimentel dijo que el contrato con San Cristóbal "está regido por leyes neoliberales" que el actual gobierno respetará a pesar de la "frustración en poblaciones mineras" y aseguró que la negociación para superar el conflicto de las comunidades indígenas se basará en el "respeto de la ley".
Sin embargo, dijo que el movimiento que llevan adelante cerca de un millar de indígenas y pobladores del sudoeste "tiene móviles políticos" y busca "empañar el momento histórico que vive Bolivia" que desde el martes será sede de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra convocada por el presidente Evo Morales.
El canciller David Choquehuanca declaró el fin de semana a un diario local que San Cristóbal "saquea" minerales y no paga por los 600 litros de agua por segundo que consume en esa mina situada a 510 kilómetros al sudoeste de La Paz. Se trata de una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, según la misma compañía que explota en la zona plata y zinc.
Las comunidades también reclaman por el incumplimiento a varias promesas a la gobernación del departamento de Potosí controlado por el oficialismo.
Porfirio Juárez uno de los líderes de la protesta dijo que el corte de la ruta férrea se mantiene y advirtió que no negociarán si no es la localidad de Avaroa donde los manifestantes mantienen tomada la ruta férrea operada por la Empresa Ferroviaria Andina, de capitales chilenos.
San Cristobal produce 600.000 toneladas de concentrados de minerales y ha invertido en Bolivia 1.400 millones de dólares desde que comenzó operaciones en 2005. Desde que llegó al país pagó 300 millones de dólares en tributos y 35 millones de dólares anuales por regalías, según la compañía.
La empresa dijo que la toma de una de sus oficinas produjo pérdidas materiales pero no daños personales.
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