La licitación en la que participaron dos consorcios, fue ganada por el grupo Norte Energia integrado por nueve empresas encabezadas por la estatal Companhia Hidro Eletrica do Sao Francisco, que ofreció una tarifa de 77,97 reales (57,12 dólares) por megavatio generado. Los otros socios son empresas privadas.
En las afueras de la sede de la Agencia Nacional de Energia Elétrica (Aneel), unos 500 manifestantes se pronunciaron contra el proyecto que, según ellos, desplazará a 40.000 pobladores de la zona del amazónico río Xingú y provocará graves trastornos ambientales.
El Ministerio Público Federal (fiscalía), anunció el martes en un comunicado una investigación para determinar si Aneel violó la última orden judicial de suspender la licitación.
Indicó que notificó a la agencia reguladora del sector eléctrico poco después de mediodía de la orden de suspensión de la subasta, mientras que ésta comenzó a la 1:20 de la tarde, lo que podría implicar que Aneel desatendió la disposición judicial, en cuyo caso se expone a una multa.
El ministro de Minas y Energía, Marcio Zimmermann, rechazó impactos negativos. "Belo Monte es la planta hidroeléctrica más estudiada del mundo, la que incluye más criterios socioambientales y de desarrollo de la comunidad", dijo.
Recordó que la zona del proyecto presenta graves atrasos sociales y aseguró que sus habitantes se beneficiarán con el desarrollo impulsado por la construcción y operación de la planta. El gobierno ha dicho que Belo Monte es crucial para el futuro energético de Brasil.
La subasta del martes puso fin a un feroz duelo legal. El juez Antonio Carlos Almeida, de la justicia del estado norteño de Pará, emitió desde el viernes tres órdenes para suspender la licitación, la última de ellas poco después de realizado el proceso, lo que atrasó el anuncio del ganador.
En cada caso, la Abogacía General de la Unión, brazo jurídico del gobierno, apeló la decisión y consiguió revertir rápidamente las órdenes de Almeida.
Opositores al proyecto, apoyados por el cineasta canadiense James Cameron, creador de la taquillera cinta "Avatar", presionaron al gobierno y las instancias judiciales para intentar impedir la construcción de la planta, que inundará una extensa área de la Amazonia.
"Estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para impedir este proyecto, que va a matar nuestro río", declaró la indígena Sheila Juruna, con plumas en su cabello y su rostro y piernas pintadas.
"Si el gobierno insiste en el proyecto, vamos a llegar al enfrentamiento físico para defender este río que es nuestra vida", agregó Juruna, de la aldea Boa Vista, uno de los 19 poblados indígenas a orillas del Xingú, donde hay 3.000 aborígenes divididos en 9 etnias, cada una con su lengua y su cultura.
Antonia Mello, del movimiento Xingú Vivo Para Siempre, alertó que la represa desplazará a 40.000 personas, destruirá una zona de gran riqueza natural con el área inundada y matará a los peces que viven en el río y que aportan alimentación a los pobladores de la zona.
Replicó citando un estudio de especialistas que la generación eléctrica alcanzará entre 1.000 y 6.000 megavatios, con lo que no se justifica la inversión y el costo social y ambiental.
Horas antes de la licitación, activistas del movimiento Greenpeace depositaron un camión de estiércol en el local y se encadenaron al portón de la sede.
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