Tras meses de deliberaciones, los demócratas y republicanos no se han puesto de acuerdo en un texto que tiene que ser bipartidista si quiere contar con un mínimo de posibilidades de ser aprobado.
El demócrata Reid, cuyo partido cuenta con 59 escaños de 100 en el Senado, reconoció esta semana que no se podrá debatir ningún texto de aquí a finales de mayo, antes de un nuevo corte por vacaciones legislativas.
"No mencioné migración en este periodo de trabajo porque no tengo la intención de hacerlo hasta que no resolvamos otros problemas", declaró Reid a la prensa el jueves, aunque insistió en que sí hace falta.
La compleja reforma de los mercados financieros y una inesperada vacante en el Tribunal Supremo amenazan con ocupar buena parte de los debates parlamentarios al regreso de esas vacaciones, que los congresistas utilizan además para hacer campaña en sus estados.
Estados Unidos cuenta con unos 11 millones de indocumentados, según los últimos datos disponibles, dos tercios de los cuales son hispanos.
El presidente Barack Obama prometió que la reforma migratoria sería una prioridad y volvió a decirlo ante líderes del caucus hispano justo antes de la aprobación clave de la reforma de los servicios de salud, para la que necesitaba absolutamente todos los votos demócratas.
Dos senadores, el demócrata Charles Schumer y el republicano Lindsey Graham, están negociando desde el año pasado un texto común que podría contar con un programa de legalización para los indocumentados con condiciones, un programa de permisos de trabajo temporales y tarjetas de identificación biométricas.
Pero aparte de un artículo de prensa en el que delineaban sus planes, publicado hace un mes, ambos se muestran sumamente discretos sobre sus conversaciones.
Ni la oficina de Schumer ni la de Graham respondieron sobre el estado de las negociaciones.
Los activistas partidarios de la reforma, que consiguieron movilizar a decenas de miles de personas el pasado 21 de marzo en Washington, advierten de que no están dispuestos a dar su brazo a torcer.
Otras voces republicanas sí se han expresado y de forma inquietante: el senador Jon Kyl (Arizona) aseguró en un mítin hace semanas que su partido estaba dispuesto a boicotear los debates en represalia por cómo los demócratas aprobaron la reforma sanitaria.
Precisamente, en Arizona, la Cámara de Representantes aprobó esta semana una iniciativa que convierte en un delito la presencia en el país de personas sin papeles.
El proyecto debe ser aún aprobado por el Senado estatal y firmado por la gobernadora, pero de por si es la iniciativa más dura promocionada nunca en Estados Unidos.
Se calcula que en Arizona viven unos 400.000 inmigrantes ilegales, que de acuerdo con esta ley podrían ser detenidos y deportados.
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