lunes, 19 de abril de 2010

Los reguladores internacionales aumentan el control de la corrupción empresarial, según Kroll

MADRID.- La organismos reguladores de Estados Unidos y Europa están aumentando la investigación de las infracciones y la imposición de sanciones por corrupción empresarial, según 'El Informe Global sobre el Fraude' elaborado por la empresa de consultoría de riesgo Kroll.

El consejero delegado de Kroll para España y Portugal, David Robillard, explicó que "el marco regulatorio internacional está cambiando e, inevitablemente, afectará a todos los países desarrollados, incluida España".

Robillard señaló que, a partir de ahora, "será más sencillo actuar por la vía penal contra la dirección ejecutiva por prácticas corruptas, y que las empresas y las personas físicas respondan ante posibles infracciones".

En este sentido, los cambios legales apuntan a que se va a mejorar el marco legal para luchar contra el soborno y la corrupción, mediante el fomento de que las empresas garanticen que los empleados reciben una formación adecuada sobre estas prácticas.

Además, las legislaciones deberán ajustar las cuestiones de corrupción empresarial entre los organismos reguladores europeos y estadounidenses, así como posicionar a las empresas para afrontar la amenaza que supone el soborno para el desarrollo y el progreso económico en todo el mundo.

Este cambio de orientación quedó ya patente en el Reino Unido con la reciente aprobación del Proyecto de Ley contra el soborno ('Bribery Bill') en el Parlamento.

"El proyecto de ley aprobado en el Reino Unido debería servir como recordatorio para todas las empresas extranjeras que tengan intereses y operaciones comerciales allí, pues podrán ser objeto de investigaciones y sanciones al igual que las británicas", explicó Robillard.

El informe también demuestra que, ante el entorno económico actual, muchas empresas europeas están buscando oportunidades de crecimiento fuera de la Unión Europea, particularmente en los

mercados emergentes como India, África y China, donde la legislación puede no haberse adecuado a su crecimiento y desarrollo.

En estas regiones es fundamental comprender el riesgo de la contraparte, considerando que, bajo los cambios legislativos en curso, el inversor puede ser responsable por actos de corrupción realizados por terceros y en procesos de adquisición, advierte el documento.

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