Desde la damnificada población de Coronel (340 km al sur de Santiago), el mandatario explicó que "el Estado tendrá que recaudar 8.431 millones de dólares en los próximos 4 años para la reconstrucción", de los cuales 3.231 millones de dólares deberían venir del paquete tributario anunciado.
El alza tributaria afectará a las grandes empresas, que pasarán a pagar de un 17 a un 20% de sus utilidades en 2011, y un 18,5% en 2012, mientras que las pequeñas y medianas empresas quedarían exentas. Según el mandatario, esa alza en impuestos debería recaudar 1.600 millones de dólares.
Con el incremento del 'royalty' minero -el canon que deben pagar las empresas que extraen minerales en el país-, Piñera espera recaudar unos 700 millones de dólares.
Además, el mandatario anunció un alza del 0,25% durante dos años a un impuesto ya existente sobre los bienes raíces, que afectará al 5% de las viviendas con mayor avalúo fiscal, así como un alza permanente al impuesto sobre el tabaco, que pasaría del 60 al 67%. Estas dos medidas combinadas sumarían unos 1.271 millones de dólares.
Piñera también anunció que para captar recursos, el Estado recurrirá al endeudamiento público nacional e internacional, y a la venta de activos "prescindibles".
Paralelamente, el mandatario anunció un "uso moderado y responsable de fondos ahorrados en el exterior", especialmente del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).
Las medidas, que suponen el primer incremento de la presión fiscal a los empresarios por parte del recién instalado gobierno derechista, deberán ser estudiadas en el Congreso, donde la oposición tiene mayoría en el Senado.
Piñera insistió en que el ejecutivo cumplirá con la reconstrucción del país y con el programa de gobierno que prometió durante la campaña, además de lograr "el equilibrio en las finanzas públicas" para el 2014.
Piñera dijo igualmente que los recursos que percibirá el Estado por el crecimiento económico "va a significar una fuente permanente y saludable de recursos fiscales, que estimamos en el orden de los 2.400 millones de dólares al año", que ayudará a la reconstrucción. También señaló que "el Gobierno ha predicado con el ejemplo y ha hecho un enorme esfuerzo de austeridad y de reasignaciones de recursos públicos".
El anuncio del plan de financiamiento estuvo acompañado por las protestas de medio centenar de damnificados por la lentitud en la respuesta del gobierno a su situación. Más de 2.000 personas de Concepción, Talcahuano, Chiguayante y poblaciones cercanas (centro-sur) se manifestaron esta semana en varios puntos del país en demanda de soluciones por la falta de vivienda y conectividad, protestas que se saldaron con 17 personas detenidas, según la Radio Bío Bío.
El sismo y maremoto del 27 de febrero dejaron un saldo de 486 fallecidos, 79 desaparecidos y daños al país calculados en unos 30.000 millones de dólares.
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