Sin embargo, el tribunal, al que Argentina acudió en un intento para que su vecino desinstalara la planta construida por la empresa finlandesa Botnia, afirma que Montevideo ha violado un tratado bilateral al no informar ni negociar con Buenos Aires sobre el avance de la instalación en una de las márgenes del río Uruguay.
El Tribunal argumentó su decisión señalando que "ordenar el desmantelamiento de la planta de Orion (Botnia) no va a constituir un remedio apropiado", según el texto judicial.
Los ecologistas que mantienen una protesta cerca de la planta reaccionaron con indignación y amenazaron con reforzar sus acciones, mientras que para las autoridades argentinas, el fallo da la oportunidad tanto a Argentina como a Uruguay para retomar la cooperación.
Autoridades de ambos países habían anticipado su interés por reanudar sus relaciones tras el veredicto, que también desestimó una reclamación de Argentina para que Uruguay le pagara una compensación por daños y perjuicios.
El Tribunal Internacional de La Haya, con sede en Países Bajos, instó a los dos países a resolver sus diferencias a través del diálogo y las consultas, como establece el tratado de 1975 en el que se comprometieron a proteger el limítrofe río Uruguay.
Al leer el fallo, el juez de La Haya Peter Tomka señaló que "no hay prueba que apoye la acusación argentina de que la planta de Botnia no cumple con las mejores tecnologías en términos de (sus vertidos en el río) para cada tonelada de celulosa que produce".
Sin embargo, el magistrado agregó que el tribunal dictaminó que "Uruguay no respetó la obligación de notificar el proyecto a Argentina a través de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) prevista en el segundo y tercer punto del artículo siete del estatuto de 1975".
Esta violación no es suficiente para ordenar el desmantelamiento de la planta, que requirió una inversión de 1.200 millones de dólares y con la que Uruguay aspira a potenciar su industria forestal.
Mientras, los manifestantes en Gualeguaychú, una ciudad argentina cercana a la papelera y donde mantienen desde hace más de tres años un puente limítrofe clave, reaccionaron furiosos a la decisión del tribunal internacional.
"El corte no se levanta aunque nos cueste la muerte", gritó una mujer a las cámaras de televisión tras ver la lectura del fallo junto a otros manifestantes en una pantalla gigante instalada en el lugar del bloqueo.
Los bloqueos han causado daños significativos al comercio de la zona.
La fábrica, ubicada a unos 310 kilómetros al oeste de Montevideo, opera desde el año pasado bajo el nombre de la empresa finlandesa UPM, que hizo un intercambio de su participación accionaria en Botnia por otros activos.
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