La secretaria de Estado aseguró hoy en declaraciones a la cadena de televisión NBC que la legislación es "claramente resultado de la frustración" en Arizona ante las dificultades para asegurar la frontera y detener el flujo de inmigrantes indocumentados.
Añadió, aun así, que el hacer cumplir las leyes migratorias es competencia del gobierno federal, no de los estados, y condenó la medida adoptada por la gobernadora Jan Brewer el pasado 23 de abril.
"Está redactada de forma tan amplia que si uno decidiese visitar Arizona y tuviese acento (extranjero) y fuese ciudadano de mi estado, Nueva York, podría ser sometido al tipo de interrogatorio (...) que esta ley permite", afirmó Clinton.
Dijo, por otro lado, no tener "ninguna duda" de que la ley propicia el cuestionar a las personas en función de su raza o apariencia física.
La citada legislación criminaliza a los inmigrantes indocumentados y anima a los agentes del orden a increpar a la gente sobre su estatus migratorio y a detener a aquellos que sospeche son indocumentados o no puedan comprobar su residencial legal.
Los responsables del estado de Arizona defienden fervientemente la ley al indicar que es necesaria para proteger la porosidad fronteriza y reducir las tasas de criminalidad.
El fiscal general estadounidense, Eric Holder, ha afirmado que el Departamento de Justicia podría acudir a los tribunales para impugnar la ley de Arizona, por entender que podría prestarse a abusos, pero no precisó cuándo tomaría una decisión.
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