En concreto, el abrupto descenso de la actividad en la construcción provocó una caída de la producción de hormigón del 28,9% en 2009, hasta los 48,9 millones de metros cúbicos, que devuelve al sector a cifras próximas a las registradas en 1998. De este modo, la facturación aproximada del gremio se situó en unos 2.800 millones de euros.
"Dependemos totalmente de la construcción, no podemos diversificarnos, así que no podemos hacer nada para incrementar la demanda, y es muy difícil exportar, porque nuestros márgenes son muy pequeños", lamentó Sivatte.
En 2010 el mercado parece no responder y la situación no ha mejorado en el primer trimestre, en el que la demanda de cemento se ha contraído un 20% respecto al mismo periodo de 2008, pasando de las 6,7 millones de toneladas a las 5,4 millones de toneladas.
Del mismo modo, según las cifras ofrecidas por Anefhop, la licitación de obra civil también se redujo "tremendamente" en los primeros tres meses de ejercicio, pasando de los 8.000 millones de euros licitados en los tres primeros meses de años anteriores a los 3.700 millones licitados entre enero y marzo de 2010.
De cara al cierre del ejercicio, las expectativas de la patronal no son mejores y sitúan la contracción del sector en torno a un nuevo 20%. "No creemos haber tocado fondo, porque la tendencia continúa siendo a la baja", lamentó el director general de la asociación empresarial, Javier Martínez de Eulate.
Así las cosas, los empresarios del hormigón sólo contemplan la obra pública como vía para recuperar el crecimiento en el sector, y en este sentido se mostraron críticos con el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) anunciado por el ministro de Fomento, José Blanco, y que contempla un volumen de inversión de 17.000 millones de euros durante los próximos dos años.
El presidente de Anefhop alegó que con este plan "se divide entre tres" los fondos destinados cada año a la licitación de obra civil, "ya que durante los últimos cinco ejercicios la licitación anual de obra era de 25.000 millones de euros por ejercicio".
Además, consideró que el nuevo el modelo de participación público-privada en la financiación del mismo "ofrece unas formas de pago muy poco claras".
Otra de las críticas vertidas por la patronal fue la morosidad y la demora en el pago, que en la actualidad se sitúan entre los 180 y los 210 días, "con tendencia a incrementarse".
"Existen cerca de 20.000 millones de euros en pagos aplazados a las empresas del sector, y nosotros tenemos que coger el dinero de nuestro circulante para pagar a los empleados", denunció Sivatte
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