El presidente de la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), Daniel Sánchez, dijo que la norma podría llevar a una crisis financiera a las empresas.
"Estamos analizando la posibilidad de asumir medidas para interponer un recurso judicial sobre el decreto", dijo.
Sánchez explicó que la norma afectará "el flujo financiero de las empresas" porque tendrían que incluir fondos adicionales para atender el pago de esa indemnización, lo cual, dijo, afectará los planes de expansión y creación de empleo desde el sector privado.
El gobierno aprobó el miércoles un decreto que obliga al pago de un quinquenio a simple requerimiento del trabajador y fija un plazo de 30 días para su pago.
El bono ya existía y consiste en un sueldo por año trabajado. Ahora su pago es obligatorio. El trabajador no pierde su antigüedad en la empresa.
Otro decreto aprobado obliga a empresas subcontratistas a no eludir las cargas sociales bajo penas de sanción.
"Como sector privado pedimos que se nos tome en cuenta, porque nosotros generamos empleo y somos lo que estamos soportando todas las cargas que se le ocurre" al gobierno", dijo Sánchez.
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