"Hay una orden judicial expresa, clara y contundente (...). Los manifestantes deben cumplir la orden judicial y el Gobierno la va a hacer cumplir a través de las fuerzas de seguridad federales", dijo este miércoles el ministro de Justicia Julio Alak a radio Diez.
"En principio creemos que los manifestantes van a acatar la orden, es lo que el Gobierno prevé. Si no la acatan serán notificados personalmente que deben acatarla. Esto va a ocurrir hoy (miércoles)", señaló el ministro.
Alak participaba este miércoles de una reunión con la presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para evaluar los pasos a seguir. "Nosotros vamos a esperar que termine la reunión y que nos llegue la orden del Gobierno, que ejecutaremos", dijo una fuente de la Gendarmería (policía de fronteras).
Un juez federal confirmó el martes que se debe garantizar la circulación en el puente General San Martín, que une la ciudad argentina de Gualeguaychú (230 kilómetros al norte) con la localidad uruguaya de Fray Bentos, el principal de los tres puentes fronterizos entre ambos países sobre el limítrofe río Uruguay.
Pobladores de Gualeguaychú mantienen bloqueada desde hace tres años y medio la carretera al puente, en protesta por la instalación de la planta de celulosa UPM (ex Botnia), en el margen uruguayo del río Uruguay, que califican de contaminante.
Los ambientalistas insisten en reclamar la relocalización de la pastera, pese a un fallo en contrario emitido en abril por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que dictaminó que la fábrica no contamina.
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú "sostiene la postura de mantener el corte mientras pueda, como signo de protesta. Cuando venga la justicia al lugar físico de Arroyo Verde se verá cuál será la actitud", dijo Juan Veronesi, uno de los portavoces del grupo.
La orden del juez argentino de liberar la carretera fue saludada por Ruben Di Giovanni, intendente (jefe de gobierno provincial) del departamento uruguayo de Río Negro, cuya capital es Fray Bentos (300 kilómetros al noroeste de Montevideo).
"En principio recibimos con agrado que la justicia haya intervenido en este hecho que lleva más de tres años y que ha dañado mucho a la población" uruguaya, dijo Di Giovanni, pero lamentó que "lo más perjudicial (del corte) ha sido el relacionamiento entre los pueblos" de ambas naciones.
El gobierno uruguayo mantenía silencio sobre el fallo judicial.
El gobierno argentino ha expresado su rechazo al bloqueo, pero mantuvo hasta ahora una política de no reprimir a quienes cortan el tránsito.
El conflicto por la pastera tensó las relaciones bilaterales en los últimos años y, a comienzos de junio, la presidenta Kirchner y el mandatario uruguayo, José Mujica, acordaron un plazo de 60 días para establecer los criterios de una vigilancia ambiental del fronterizo río Uruguay.
El acuerdo está en sintonía con el fallo de la Corte de La Haya, que consideró que no hay pruebas de que la fábrica contamine y ordenó a ambos países a controlar de manera conjunta la calidad de las aguas.
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