domingo, 13 de junio de 2010

El congreso panameño aprueba la ley ambiental y laboral pese al rechazo popular

PANAMÁ.- El Congreso panameño aprobó ayer sábado una ley con la que el gobierno quiere impulsar el desarrollo mediante reformas laborales y ambientales, pero que según varios sectores desconoce el derecho a huelga y elimina requisitos ambientales para algunos proyectos.

Con 42 votos a favor y 17 en contra, los legisladores oficialistas aprobaron las reformas planteadas por el presidente Roberto Martinelli a los códigos de Trabajo, Penal y Judicial, además de otras seis normas previas.

"Este proyecto es importante para promover la estabilidad y la igualdad social en este país", dijo el diputado oficialista Miguel Ángel Fanovich.

Contrario a ello, "la intención de este gobierno 'antiobrero' es simplemente quitarle toda posibilidad a los trabajadores para organizarse y defender sus derechos", dijo el dirigente sindical Saúl Méndez.

En el ámbito laboral, la nueva ley permite a los empresarios sustituir a los trabajadores en huelga y suspender sus contratos.

Los sindicatos panameños, que marcharon en rechazo a la norma, consideran que esta nueva legislación restringe el derecho a huelga y a la negociación colectiva.

"El derecho a huelga ha sido totalmente conculcado y proscrito y abre la posibilidad a la violación de las garantías mínimas de los obreros para luchar por mejores condiciones laborales", afirmó Méndez.

Sin embargo, desde el oficialismo se asegura que esta ley facilitará la inversión extranjera y la creación de empleo. El gobierno de Martinelli planea obras energéticas y de infraestructura por más de 14.000 millones de dólares para los próximos años.

"Con este proyecto no se destruye el derecho a huelga lo que no se permite es que se destruya a la empresa" dijo el diputado Fanovich.

Asimismo, la ley elimina la obligatoriedad de hacer estudios de impacto ambiental, dando al ejecutivo la potestad de decidir qué tipos de proyectos considerados de "interés social" deben sujetarse a una guía ambiental.

"El gobierno pretende eliminar ciertos obstáculos para agilizar ciertos proyectos pero lo hace comprometiendo el futuro y el desarrollo sostenible del país", dijo Raisa Banfield, del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, una de las 35 organizaciones ambientales que se han opuesto a la ley.

Los ecologistas consideran que el gobierno panameño pretende con esta ley facilitar las actividades mineras e hidroeléctricas, además de acortar los plazos para construir en la capital el sistema de metro, una de las promesas estrella de Martinelli en campaña electoral.

"Se está vendiendo el país al mejor postor y lo que se está diciendo con esta ley a las empresas es que vengan acá que pueden hacer lo que quieran en aras del progreso", agregó Banfield.

No obstante, los defensores de la propuesta también desestiman esas críticas. "Esta norma va a cuidar el ambiente" porque incorpora "las buenas prácticas ambientales que son las que usan los países del primer mundo en proyectos sociales que se necesitan para desarrollar un país" dijo el presidente del Congreso, José Luís Varela.

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