"Ese sí es un tema que nos preocupa" y "creemos que deberíamos abordar esta cuestión (...) porque no va a ser en beneficio de nadie que aumentemos -por razones evidentemente burocráticas- (...) en este momento la bolsa de personas sin documentar en nuestro Estado", declaró.
"Sabemos que hay un problema relacionado con la entrada y la salida del mercado de trabajo de estas personas si coincide la renovación de la documentación con el momento de salida del mercado de trabajo: puede haber un problema que tenemos detectado y que vamos a intentar resolver", aseguró.
En España viven actualmente 5,7 millones de extranjeros, es decir, un 12,2% de una población total de 47 millones de habitantes. Un 26,6% de los extranjeros son latinoamericanos (1,45 millones), la mayor comunidad no europea, según cifras oficiales.
El desempleo pasó de afectar al 8% de la población activa antes de la crisis a más de un 20% (4,6 millones de trabajadores) en el primer trimestre del año, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el colectivo inmigrante, el desempleo alcanzó el 30,79% ese trimestre, según el INE.
Terrón indicó que ante estas cifras y el paso de muchos extranjeros a la situación de irregularidad por perder el trabajo, el reto actual del Gobierno es "impedir la exclusión de personas en época de crisis".
Para ello indicó que el Gobierno mantiene su programa de fomento del retorno voluntario de los extranjeros a sus países de origen, que puso en marcha al iniciarse la crisis.
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