El Ejecutivo, que se ha comprometido a aprobar la reforma laboral el día 16 de junio, pretende que el Congreso lo convalide el día 22 del mismo mes.
"El Gobierno se ha comprometido a aprobar la reforma laboral el día 16 (de junio). A continuación se convalidará a la semana siguiente y en principio la junta de portavoces previó esa convalidación en la tarde del martes 22 (de junio)", dijo la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros.
La reforma planteada tiene ingredientes de los llamados modelos "austríaco" y "alemán" que plantean en un primer caso un fondo para las indemnizaciones por despido y en el segundo incentivar a las empresas que reduzcan las horas que trabajan sus empleados, pero no el número de contratados.
"La jornada de trabajo podrá reducirse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (...) entre un 10 y un 70 por ciento", explica el borrador.
En un mercado de trabajo como el español, muy marcado por la dualidad entre trabajadores fijos y temporales, la reforma laboral que quiere fijar el Gobierno buscará dar más protagonismo al Fondo de Garantía Salarial, que pagaría hasta 8 días por año trabajado en las indemnizaciones, y la creación de un nuevo fondo de capitalización.
A partir del año 2012, el Ejecutivo prevé crear este nuevo mecanismo, cuyo modelo de financiación no especifica en el texto, que podrá ser utilizado en caso de despido o, en caso contrario, ser recuperado por el trabajador en el momento de la jubilación.
El trabajador podrá cobrar las cantidades acumuladas en este fondo "en los supuestos de despido, movilidad geográfica o para el desarrollo de actividades de formación".
Por su parte, las indemnizaciones que tendría que pagar la empresa en caso de despido "se reducirán en un número de días de salario por año de servicio equivalente al que se determine para la constitución del Fondo".
Antes de ese año, el ejecutivo va a utilizar el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), para asumir 8 días por año del coste de los despidos de los contratos de fomento del empleo para aquellos trabajadores que lleven más de un año contratados.
El contrato de fomento del empleo facilita una indemnización de 33 días por año trabajado y está destinado a aquellas personas con difícil inserción laboral, aunque el nuevo borrador lo modifica para incluir en este colectivo, entre otros, a aquellos trabajadores que lleven más de tres meses parados.
Según datos de la EPA, en el primer trimestre un 75 por ciento de los 4,6 millones de parados llevaban más de tres meses buscando empleo.
El documento, que ya ha sido presentado a los sindicatos, incluye un modelo de despido "por causas económicas", que permitirá a las empresas indemnizar con 20 días por año trabajado siempre y cuando presenten pérdidas no coyunturales.
"Se entiende que concurren causas económicas cuando los resultados de la empresa arrojen pérdidas económicas no meramente coyunturales (...)", pero la empresa tendrá que acreditar "objetiva y documentalmente" los resultados alegados y justificar la razón del despido.
Antes de hacer público el borrador, durante la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros, el titular de Trabajo puso como ejemplo de este tipo de pérdidas un periodo de seis meses, aunque aclaró que tendrá que debatirlo con todos los grupos.
"Seis meses de perdidas continuadas podría ser una causa justificada, pero es una materia que el Gobierno acabará precisando en los próximos días con los grupos políticos", dijo Corbacho.
Con la vista puesta en rebajar el número de contratos temporales e incrementar la contratación indefinida, el ejecutivo penalizará a las empresas que despidan a sus trabajadores temporales de forma creciente hasta un máximo de 12 días a partir de 2014.
En el caso de los contratos temporales, la indemnización por despido será de 8 días por año trabajo para aquellos firmados hasta finales de 2012, de 10 días para los firmados hasta diciembre de 2013; y de 12 días para los firmados a partir de esta última fecha.
Los sindicatos mayoritarios del país, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, valoraron muy negativamente el borrador, que consideraron al dictado de la patronal, y no descartaron movilizaciones la próxima semana cuando se reúnan sus órganos ejecutivos.
"Es un documento por parte del gobierno que no recoge las cuestiones que hemos mantenido en estas negociaciones (...) Estamos ante un documento que lo que puede servir si se aprueba es para despedir más y más barato", dijo Ramón Gorriz, secretario de acción sindical de CCOO.
"En suma, estamos ante un texto en el que la inspiración es de la patronal. Ahora vemos por qué la patronal no quería negociar. No era desgana, es que tenían certidumbre de que iba a salir a su favor. De no ser modificado es un texto que lesiona derechos de los trabajadores", afirmó su homólogo en UGT, Toni Ferrer, quien avanzó que habrá movilizaciones si no se cambia.
"Lo que podemos decir hoy, porque nuestros órganos de dirección se reunirán el martes, es que si el gobierno el día 16 sigue manteniendo estos textos (...) no cabe duda de que se encontrará con la respuesta de ambos sindicatos", con movilizaciones en todos los centros de trabajo del país.
Preguntado en concreto por una posible convocatoria de huelga general, Ferrer dijo:
"Hoy con el borrador que se nos envía hay más razones que ayer".
Esta noche ya se anunció una huelga general si el Gobierno aprueba este borrador tal como está.
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