En Agadir, esta semana, ante la Comisión Ballenera Internacional (CBI), como ocurrió en marzo en Doha, durante la Conferencia sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro (CITES), Japón se ha puesto en guardia para defender la pesca del atún, del tiburón o de los cetáceos, pese a las alertas de los científicos sobre la necesidad de proteger los recursos amenazados por la modernidad y por la sobrepesca.
"Estamos dispuestos a compromisos, ya lo hemos hecho. Lo único que no podemos aceptar es presiones para eliminar la caza de ballenas", previno el lunes en la inauguración el responsable de pesca japonés, Hideki Moronuki.
Su delegación -de hecho la más importante presente en Agadir, con 40 personas registradas oficialmente- no puede ser considerado, sin embargo, como la única responsable de la parálisis institucional de la CBI, que se debate en una crisis de identidad después de 64 años de existencia.
"Desde hace 20 años, el propósito mismo de la CBI es un tema de desacuerdo entre nosotros: ¿es una organismo de conservación de las ballenas o un tratado de caza?", se pregunta el Comisionado de Nueva Zelanda, Sir Geoffrey Palmer.
El organismo, creada para ver el futuro de la caza de ballenas tras años de explotación incontrolada, sólo se ocupa hoy, en este tiempos de moratoria internacional, de las cuotas de caza asignadas para su subsistencia a las comunidades indígenas.
Islandia y Noruega siguen cazando ballenas para fines comerciales sin rendirle cuentas y Japón lo hace bajo el pretexto de "caza científica", exención en los estatutos de la Convención en 1946.
A este título, Japón se otorga una cuota de más de un millar de ballenas al año, que caza en el Océano Austral, "donde las ballenas no pertenecen a nadie y por lo tanto son de todo el mundo", según los términos del comisario de Mónaco, Frédéric Briand, y que es un área o santuario de la CBI.
Japón ha hecho concesiones significativas para llegar a un acuerdo con sus detractores en Agadir, ofreciendo reducir a la mitad sus cuotas, suspender la entrega de nuevos permisos de caza y aceptar los mecanismos internacionales de supervisión de sus actividades, a una condición: que no se le obligue a renunciar a su cacería en el Océano Austral.
Moronuki lo confirmó el viernes.
De lo que se trata para Japón es de defender su "seguridad alimentaria", subraya el portavoz de la delegación, Glenn Inwood.
Sin embargo, en opinión de Frédéric Briand, director de la Comisión Internacional para la Exploración Científica del Mar Mediterráneo (CIESM), "el ámbito geográfico de su caza es una amenaza para el resto del mundo. Cuando un país maneja sus propios recursos, lo hace bastante bien. Pero cuando se trata de los recursos internacionales, se comporta como un turista inconsciente, que sobreexplota por algún tiempo y luego se desentiende del problema".
Más allá de la ballena hay otra cosa, sospecha Charlotte Nithart, de la ONG francesa Robin Hood: "es ante todo una presencia estratégica en la Antártida, donde se ha demostrado que hay recursos minerales y energéticos. Las ballenas son un medio de estar presentes en la región".
Las ONG's que esperaban un poco de moderación de parte de Japón a unos meses de la conferencia en Nagoya, se sienten defraudados.
"En los últimos seis meses, con la controversia sobre el atún rojo en la CITES, Japón perdió su credibilidad en cuanto a la biodiversidad", considera Junichi Sato, de Greenpeace Japón.
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