Las conversaciones, iniciadas hace meses, intentan fomentar la contratación, resucitar una economía moribunda y asegurar a los mercados nerviosos que España puede reducir su déficit y pagar sus deudas.
Sin embargo, el ministro de Trabajo Celestino Corbacho dijo que les será difícil a las partes llegar a un consenso en la última ronda de conversaciones.
Los sindicatos amenazan con una huelga general si consideran que las reformas perjudican a los trabajadores, pero un paro de empleados públicos contra el recorte salarial el martes tuvo escaso acatamiento, lo que despertó dudas acerca de si los sindicatos serán capaces de realizar un paro general.
Corbacho dijo que el gobierno estaba dispuesto a explicar sus propuestas a los partidos de oposición.
"Es evidente que a partir de mañana debemos empezar a hablar con los grupos parlamentarios", dijo Corbacho a la prensa.
A falta de un acuerdo entre los sindicatos y las cámaras, el gobierno dice que aprobará las reformas por decreto el 16 de junio, en la víspera de una cumbre de la UE en Bruselas. Las reformas estarían sujetas a la aprobación del parlamento.
Las leyes laborales españolas son criticadas por su rigidez y porque desalientan la contratación. Los despedidos reciben una compensación de hasta 45 días por año trabajado, una de las más altas de Europa. El gobierno quiere reducirla a 33 días.
Según la prensa española, el gobierno estudia un proyecto para permitir que las compañías usen la penuria económica como justificación para despedir trabajadores con una indemnización de 20 días.
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