Según el gobierno, la ley pretende impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo, pero los sindicatos y otras fuerzas estiman que la norma viola desde la Constitución hasta los derechos humanos.
La legislación permite a los empresarios sustituir a los trabajadores en huelga y suspender sus contratos, y elimina la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental, dándole la potestad al Ejecutivo de decidir qué proyectos de interés social deben sujetarse a ese requisito.
También permite que un policía que cometa un delito en horas laborales no sea apartado de sus funciones mientras dura la investigación.
"Lo que pedimos es la derogación de esta ley porque va contra el pueblo panameño", dijo a la AFP uno de los sindicalistas organizadores de la marcha, Saúl Méndez.
La marcha, que transcurrió sin incidentes por las principales calles del centro capitalino, llegó hasta los predios de la Presidencia, donde diferentes grupos sindicales, ambientales y gremiales entregaron una carta con sus reivindicaciones.
"Con esta ley se abren demasiadas ventanas para aquellas personas que no quieren hacer las cosas bien para proteger el medio ambiente", dijo la ambientalista Zuleika Pinzón.
Sin embargo, Martinelli consideró que "que se ha malinterpretado una gran cantidad de cosas".
"Nadie esta eliminando los estudios de impacto ambiental ni nadie ha dicho que los policías van a matar impunemente a la gente", replicó. Asimismo, el mandatario aseguró que los cambios laborales "los pidió la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".
Los manifestantes advirtieron de que continuarán con las protestas y uno de los principales sindicatos del país ha hecho un llamamiento a la huelga general.
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