Según este informe, las empresas de transporte con matrícula en Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Estados Unidos -los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU- envían armas convencionales y municiones hacia países en donde pueden ser utilizadas para cometer violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra.
Amnistía Internacional afirma que armas de fragmentación, enviadas en buques matriculados en Gran Bretaña y operados por compañías británicas y alemanas, fueron entregadas al ejército paquistaní a través de Corea del Sur entre marzo de 2008 y febrero de 2010.
Estas entregas se efectuaron violando el compromiso de Gran Bretaña y de Alemania de renunciar totalmente a la venta y al uso de bombas de fragmentación, recuerda Amnistía, a dos semanas de que entre en vigor la Convención de Oslo que prohíbe el uso, la producción y el traslado de este tipo de armas.
Amnistía cita también el ejemplo de partes de ametralladoras y de baterías antiaéreas provenientes de Bulgaria y destinadas a Ruanda que viajaron en un avión de línea hasta París y luego hacia Nairobi y que jamás llegaron a Kigali.
Fueron en realidad utilizadas en la República Democrática del Congo (RDC), país aquejado por recurrentes violencias entre grupos rebeldes y el ejército regular, acusados de exacciones contra la población civil.
La publicación de este informe, llamado 'Flujos mortales: los controles del transporte de armas en el Tratado sobre el Comercio de armas' ('Deadly Movements: Arms Transportation Controls in the Arms Trade Treaty'), coincide con el reinicio de los debates en la ONU sobre la elaboración de un nuevo tratado internacional sobre el comercio de armas.
Amnistía pide a la ONU que estudie el rol de "las compañías de transporte y otros intermediarios en la cadena de suministro de armas" y no únicamente las autorizaciones de exportación e importación de los Estados.
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