viernes, 9 de julio de 2010

Bolivia no acatará fallos arbitrales por nacionalización

LA PAZ.- El gobierno anunció el viernes que no acatará los fallos que emita un tribunal arbitral internacional por la nacionalización de una telefónica a una multinacional italiana y por la reversión de concesiones a una empresa minera chilena.

"No vamos a someternos a ningún proceso ni aceptar ningún fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), porque sus laudos están viciados de nulidad y ponen en riesgo a Bolivia", dijo la ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi.

En ambos casos, el CIADI no emitió todavía ningún fallo.

En rueda de prensa, la funcionaria explicó que ese tribunal solicitó al gobierno retirar una demanda penal en contra del empresario chileno Alan Fosk y sus socios bolivianos, y rechazó una solicitud de recusación al tribunal planteada por Bolivia.

"Es vergonzoso el proceso que lleva adelante el CIADI en perjuicio y maltrato del Estado boliviano", acotó.

Bolivia renunció en 2007 al CIADI, que depende del Banco Mundial, con el argumento de que sólo defiende a multinacionales y no a los estados, dijo entonces el presidente Evo Morales.

La chilena Quiborax apeló a ese tribunal tras la reversión en 2004 de sus concesiones mineras en un salar del sur de Bolivia, donde explotaba ulexita y bórax.

El gobierno de entonces argumentó que el contrato que permitió a la empresa ingresar al país estaba "viciado de nulidad" e inició un juicio penal en contra de los ejecutivos que actualmente se ventila en tribunales bolivianos.

La italiana Euro Telecom Internacional (ETI) también apeló al CIADI después que Morales nacionalizara en 2008 una telefónica de la que ETI era propietaria en un 50%.

En 2006, Morales nacionalizó los hidrocarburos y en mayo de este año hizo lo propio con cuatro eléctricas que generan el 80% del consumo nacional. En el último caso las afectadas son la británica Rurelec PLC y la francesa GDF Suez, que iniciaron una demanda de conciliación para obtener indemnización.

Según Arismendi, sólo los casos de Quiborax y ETI llegaron al arbitraje. Otras siete demandas de petroleras y eléctricas están "en la etapa de controversia y próximos a iniciar negociaciones" con el gobierno.

El bufete de abogados Dechert LLP con sede en Estados Unidos asesora al gobierno boliviano en demandas de arbitraje que enfrenta el Estado.

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