Comisión Europea y Eurocámara se acercan a un acuerdo sobre el sistema de supervisión bancaria

BRUSELAS.- Los Gobiernos de la UE y la Eurocámara se acercan a un acuerdo sobre la reforma del sistema de supervisión financiera de la UE después de que el Ecofin haya aceptado este martes una de las peticiones clave de los parlamentarios: que las nuevas autoridades europeas de supervisión que se van a crear para prevenir futuras crisis puedan dirigir decisiones directamente a los bancos en caso de situación de emergencia.

Los ministros de Economía de los Veintisiete acordaron este martes flexibilizar su postura sobre supervisión financiera con el objetivo de tratar de llegar a un compromiso con el Parlamento Europeo en primera lectura, a ser posible en septiembre.

Sólo así se logrará el compromiso asumido por los líderes europeos de que las nuevas autoridades estén operativas desde el 1 de enero de 2011. Los eurodiputados defienden que se dote de más poderes a las autoridades europeas en detrimento de los supervisores nacionales.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, explicó que los Veintisiete han aceptado que "en determinados casos las autoridades europeas puedan dirigirse directamente a las instituciones financieras particulares". "Esa es una posibilidad de avance que el Parlamento seguro que recoge bien", dijo Salgado.

El ponente parlamentario de la reforma, José Manuel García-Margallo, sostiene que esta es una de las líneas rojas del parlamento.

No obstante, los Veintisiete se mantienen firmes en su exigencia de que las decisiones de las autoridades europeas no afecten a los presupuestos nacionales, por ejemplo obligando a recapitalizar o rescatar un banco. "Si un país entiende que eso tiene consecuencias sobre el presupuesto puede objetar esa decisión", dijo Salgado.

La vicepresidenta económica destacó que el grueso de las negociaciones con la Eurocámara se llevó a cabo durante la presidencia española y resaltó que "se ha avanzado muchísimo".

La reforma, que fue pactada por los Veintisiete en diciembre, creará tres nuevas autoridades europeas de supervisión (bancaria, bursátil y de seguros), que tendrán poderes de mediación cuando haya discrepancias entre los reguladores nacionales de los países en los que opera una entidad transfronteriza.

Reino Unido, que no quiere ceder poderes a autoridades europeas, levantó sus reservas tras obtener un mecanismo de salvaguarda que le permitirá apelar ante una instancia política, el Ecofin, las decisiones que le perjudiquen.

Sin embargo, la Eurocámara, que tiene poderes legislativos en la materia, quiere reforzar los poderes de estas autoridades. En primer lugar, propone que la autoridad bancaria se encargue de supervisar directamente a aquellas entidades cuya quiebra ponga en riesgo todo el sistema financiero (too big to fail). Esta posibilidad podría incluirse finalmente en una cláusula de revisión.

También quiere que tenga poderes para prohibir temporalmente operaciones que amenacen la estabilidad financiera, como las ventas a corto y para dirigir decisiones directamente a los bancos que creen riesgos en el caso de que éstas sean ignoradas por el supervisor nacional correspondiente.

Finalmente, el Parlamento reclama crear dos nuevos fondos, un fondo de garantía de depósitos y un fondo de rescate de bancos, que serán financiados por las propias instituciones en función de los riesgos que asuman, para evitar que sean los contribuyentes los que deban cargar con el coste de las crisis financieras.