En rueda de prensa, el presidente del CEP, José Manuel Fernández Alvariño, manifestó el rechazo de los empresarios a esta medida que pretende poner en marcha el Gobierno de Portugal, y que afectaba inicialmente a vías como la A-27 (Ponte de Lima-Viana do Castelo), o la A-28 (Viana do Castelo-Oporto).
Fernández señaló los perjuicios que esta medida supondría --que entraría en vigor a partir del 1 de agosto--, especialmente si se implanta el sistema de telepeaje mediante el cobro anticipado por la adquisición de un chip.
"Desde el punto de vista empresarial supone una pérdida de competitividad", advirtió, y recordó que hay más de 100 empresas gallegas instaladas en parques industriales portugueses, y que el 51 por ciento de las mercancías que entran en Portugal del exterior lo hacen desde Galicia.
Asimismo, el presidente de los empresarios pontevedreses lamentó que los transportes "no tienen otra alternativa" porque el único vial que comunica la localidad fronteriza de Valença con Oporto que no es de pago es la N-13, que "triplica la duración del viaje y tiene un alto índice de siniestralidad".
A ese respecto, los portavoces empresariales señalaron que "el objetivo es que no se imponga el peaje" pero, en caso de que sea así por parte del Gobierno portugués, que los transportes pesados que se desplazan por la eurorregión queden "exentos" del pago. "No es lo mismo un particular que va a Oporto una vez al mes, que un transporte industrial que va todos los días", puntualizó Fernández Alvariño.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Viana do Castelo, José Lois Ceia, coincidió en señalar que la implantación del sistema de pago en esas autovías "es un problema serio para la eurorregión" y "será un duro golpe" para la economía de la zona, que frenará las inversiones en el Norte de Portugal y pondrá trabas al desplazamiento de turistas al aeropuerto Sá Carneiro de Oporto.
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