La propuesta gubernamental, que fue presentada por el presidente Álvaro Colom y la secretaria de Planificación, Karen Slowing, plantea cambios sustanciales que hagan al país menos vulnerable a los fenómenos naturales.
"No podemos reconstruir los riesgos. Hay que transformar el país y tenemos que aprovechar esta oportunidad que se nos presenta", afirmó Slowing. La funcionaria señaló que el proyecto gira sobre cuatro ejes principales: la asistencia humanitaria y la rehabilitación; recuperación de medios de vida y reactivación económica; adaptación y mitigación al cambio climático y el fortalecimiento institucional.
"La tragedia no terminó con limpiar el aeropuerto y las calles de la arena del volcán, porque todavía hay muchísima gente sin vivienda. Si no atendemos bien la emergencia, la macroeconomía del país se puede venir al suelo", afirmó el presidente guatemalteco, Álvaro Colom.
Los fenómenos naturales, que se produjeron a finales de mayo y principios de junio pasado, afectaron 214 municipios guatemaltecos, provocaron la muerte de 165 personas y la desaparición de 103, así como 392.000 damnificados, según el recuento final de las autoridades.
La estimación oficial de las pérdidas coincide con una evaluación de organismos internacionales como el Banco Mundial, las Naciones Unidas y otros, que las cifraron en 982 millones de dólares, concentrados principalmente en el sector de infraestructura.
Colom hizo un llamado a la unidad del país para costear la reconstrucción y reducir los riesgos de nuevos desastres, pues, en su criterio, el Gobierno ya no cuenta con más fondos para atender nuevas emergencias.
"De aquí en adelante es una responsabilidad de la nación. No hay otra manera de enfrentar esta emergencia que siendo responsables y promover los mecanismos que permitan mayores ingresos al Estado", afirmó el gobernante guatemalteco, quien ha insistido en promover una reforma tributaria, a lo que se opone el sector empresarial.
Actualmente, las fuerzas políticas en el parlamento negocian una readecuación presupuestaria para destinar recursos a la atención de la emergencia provocada por los fenómenos naturales.
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