Los abogados de ambas partes se encontraron en una corte federal ante la jueza Susan Bolton, que escuchó los primeros argumentos de una de las siete demandas contra la ley migratoria de Arizona, rechazada por policías, activistas de derechos civiles e incluso el gobierno estadounidense.
La ley SB1070, proclamada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el pasado 23 de abril tras un voto en el Congreso estatal, declara, por primera vez en la historia de Estados Unidos, la inmigración ilegal como un delito estatal.
La normativa establece que la policía puede confirmar el estatuto de aquellas personas sospechosas de estar en el país sin documentos migratorios y castigar a quienes se hayan contactado con ellos en este estado fronterizo con México.
Los abogados que representan a la gobernadora de Arizona pidieron el abandono de las demandas y defendieron la ley, mientras la jueza analizó y escuchó a la defensa del policía de Phoenix David Salgado, de origen latino, que busca la suspensión de la ley SB1070.
El abogado del policía Salgado, Stephen G. Montoya, alegó que los oficiales en Phoenix y otras áreas del estado tendrán dificultades para interpretar la ley, la que además -dijo- otorga a Arizona un poder que es prerrogativa del estado federal, con las leyes de inmigración ya vigentes en todo el país.
Para Montoya, la ley viola tanto la normativa de inmigración federal como la Constitución.
"Nunca hemos tenido 50 leyes de inmigración", dijo Montoya, que pidió a la jueza Bolton prohiba la puesta en vigor de esta legislación en Arizona, donde viven unos dos millones de hispanos, 33% de origen extranjero. Unos 460.000 son indocumentados.
"No podemos tener cientos de leyes de inmigrantes. Vamos a tener cientos de leyes a menos que usted lo impida", dijo a la jueza el abogado del policía.
Después de la audiencia, John Bouma, el abogado privado contratado por Brewer para esta audiencia en una corte federal, dijo que la aplicación de la ley no dará lugar a acusaciones de discriminación racial por parte de la policía cuando entre en vigor el 29 de julio.
Afuera del Palacio de Justicia Sandra Day O'Connor, en el centro de Phoenix, tanto Bouma como Montoya contestaron algunas preguntas de los medios de comunicación mientras unos cincuenta manifestantes expresaban su oposición a la ley.
"Tenemos 15.000 oficiales de policía bien calificados que hacen esto todos los días", dijo Bouma asegurando que la ley será importante para el estado.
De su parte, el policía demandante, Salgado, de origen mexicano-estadounidense, dijo que quería explicar las razones que lo llevaron a presentar la demanda conjuntamente con las ciudades de Phoenix, Tucson, Flagstaff, y otros grupos civiles.
"No soy un político ni un activista, pero cuando se aprobó la ley tomé este paso porque sentí que era mi deber hacerlo", dijo Salgado a periodistas.
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