Los eurodiputados, reunidos en Estrasburgo (Francia), se pronunciarán sobre un texto acordado con los 27 países de la Unión Europea (UE) tras dos años de intensas negociaciones.
Se trata de prohibir la venta de madera obtenida ilegalmente y que representa el 20% de la que se comercializa en Europa, incluidos los muebles.
La legislación impone a los importadores la obligación de demostrar el origen legal de sus productos y prevé sanciones económicas para las empresas que incumplan la normativa europea.
Con este texto, la UE pretende reivindicar su liderazgo en la lucha internacional contra la deforestación.
El volumen de madera industrial obtenido a partir de fuentes ilegales es de "entre 350 y 650 millones de m3 por año, lo que representa un 20-40% de la producción industrial global de madera", según Caroline Lucas, relatora de un informe sobre esta cuestión en el Parlamento Europeo.
La tala ilegal "hace bajar los precios de la madera, arruina los recursos naturales y los ingresos fiscales y aumenta la pobreza de las poblaciones dependientes de los bosques", afirmó Lucas.
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