Los huelguistas marcharon en diversas ciudades en rechazo a una reforma laboral impulsada por el gobierno derechista, en un paro que no fue acatado por los trabajadores del transporte, del comercio ni de otros sectores clave.
Los sindicatos convocaron al paro en rechazo a la reforma que restringe derechos laborales, lo que condujo la semana pasada a choques entre obreros bananeros y policías, que culminaron con dos muertos en la zona atlántica del país.
"La huelga fue un éxito", dijo el dirigente Genaro López, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, la mayor organización laboral de Panamá.
López aseguró que el 95% de los trabajadores de la construcción acataron el paro, que también afectó las clases en las escuelas públicas, donde la asistencia de alumnos fue irregular.
El domingo, después de los disturbios, el gobierno se comprometió a posponer 90 días la entrada en vigor de la cuestionada reforma laboral, lo que no evitó la convocatoria a la huelga.
Esta promesa fue ratificada el martes por el Consejo de Gabinete de Martinelli, que aprobó la postergación de la entrada en vigor de las reformas, lo que debe ser ratificado o rechazado por el Congreso, de mayoría oficialista.
Con esta decisión, el gobierno "cumple" con el acuerdo firmado con los sindicatos en busca de establecer un "diálogo nacional" para "revisar" la reforma, dijo la Presidencia en un comunicado.
"Pretendemos llegar a un consenso y a conversar. Puede ser que se modifiquen algunos (artículos), puede ser que no. Pero hablemos", declaró por su parte el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, al canal TVN-2.
El gobierno admitió que falló en comunicar las "bondades" de la ley, pero afirmó que con ella no busca restringir las facultades de los sindicatos.
"Lo importante es que el Ejecutivo escucha y en este caso (al postergar su entrada en vigor) ha escuchado a la población", dijo el jefe del Congreso, el oficialista José Muñoz.
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