Señala el informe en sus conclusiones que “como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado una forma imaginativa de recaudar impuestos indirectos: la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no”.
Efectivamente en esa decisión está la madre del cordero. Pero la capacidad de ejercerla no se la han inventado las corporaciones locales, aunque imaginación sí le han echado. Es peor. La potestad la otorgó en su momento la Ley estatal del Suelo de finales de 1998 que consecuentemente secundada por las diversas leyes autonómicas del ramo dejó en manos de los poderes periféricos la decisión de declarar lo que es suelo urbanizable y lo que no lo es.
A eso se sumó la lenta y tímida aplicación de la Ley de Costas de 1988, a pesar de los esfuerzos del periodo inicial de Cristina Narbona en el Ministerio de Medio Ambiente, véase el caso de El Algarrobico o el lío de los chiringuitos playeros.
El resultado ha sido que las administraciones locales y regionales han tenido carta blanca para cambiar clasificaciones de suelo, presionadas siempre por la avidez constructora que no ha parado en mientes a la hora sobornar a quien fuera necesario, seguros como estaban los promotores de la multiplicación de los beneficios. Hasta el estallido de la crisis y el hundimiento de bastantes chiringuitos que no eran playeros, sino ladrilleros.
En el momento en que estamos es cuando afloran sin parar las consecuencias legales de todo ese caos urbanístico en el que el dinero mandaba sin cortapisas legales. Son cientos los sumarios abiertos en juzgados de toda España, sobre todo en comunidades costeras, por corrupción político-urbanística en sus múltiples variantes: desde reclasificaciones irregulares de espacios protegidos hasta compra directa de concesiones de servicios públicos pasando por alteraciones de documentos públicos para conseguir los objetivos inmobiliarios deseados.
Hay múltiples ejemplos que se conocen cada día, por lo que una lista exhaustiva para ser justa ocuparía cientos de páginas referidas a toda España. Aunque el informe de Greenpeace que comento es solamente sobre la costa, no se puede ignorar que la locura corruptora relacionada con el urbanismo ha alcanzado también a territorios interiores y a las montañas españolas, donde también hay decenas de actuaciones judiciales.
El problema es transversal. Lo vemos en la personalidad de los que ahora comparten banquillo con algunos políticos para explicar cómo hicieron determinadas trapacerías: hay viejos y nuevos ricos, grandes empresarios y empresas, representantes de profesiones de prestigio, advenedizos sin oficio ni beneficio, mafiosos, conseguidores, lacayos que se escudan en la obediencia debida y oportunistas cuya única habilidad consiste en arrimarse a donde huela a dinero.
Y todos ellos relacionados convenientemente con prebostes de primera y segunda fila que han tenido la capacidad de permitir los negocios sucios y lo han hecho a cambio de participación en beneficios a priori o a posteriori.
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