De un lado, los brasileños se lamentan por la continuidad de los problemas para entrar en el mercado argentino ya que siguen en pie las trabas impuestas por las autoridades del Ministerio de Desarrollo e Industria y de la Secretaría de Comercio. Del otro costado de la mesa, argentinos se proclaman “muy preocupados” por un aumento en el desvío de comercio en la industria automotriz . Dicen que las terminales de Brasil dejan de importar autopartes argentinas para reemplazarlas por otras procedentes de China y de Europa.
En sintonía con las instrucciones emanadas desde los dos palacios presidenciales (el del Planalto y la Rosada), los secretarios Walter Barral (de Brasil) y Eduardo Bianchi se esmeraron en mantener una modalidad de trabajo “cooperativo”. Pero cada equipo ministerial se encargó de puntualizar las divergencias y defender soluciones.
Una vez más, Brasil se quejó por causa de la maquinaria agrícola y reiteró su pedido a la Argentina de extinguir definitivamente el mecanismo de permisos no automáticos de importación que le ha servido al gobierno de Cristina Kirchner para frenar la entrada de una gama importante de bienes manufacturados. Barral y sus colaboradores subrayaron que las empresas de su país registran demoras de hasta 200 días para conseguir que las autoricen a despachar sus productos.
Pero Bianchi y sus asesores ni siquiera tomaron nota de la propuesta. Sencillamente respondieron “no”. Y retrucaron con la denuncia de empresas del sector químico y frutícola que encuentran “barreras injustificadas” para llegar al mercado brasileño.
Pero uno de los temas más complicados en la relación comercial entre los dos socios mayoritarios es el de la fabricación de autos. Bianchi sostuvo que las montadoras radicadas en Brasil dejaron de importar autopiezas argentinas para adquirirlas en Europa y en China. Barral admitió que el problema es real pero indicó que la situación debe resolverse con “mecanismos de mercado”. Fue por eso que se opuso a las iniciativas del secretario argentino quien sugirió “apretar” a las montadoras con medidas más severas como imponerles permisos previos para importar desde terceros mercados.
Pese a las diferencias, ambos funcionarios optaron por convenir que “hay una decisión política” de tomar
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