La huelga, iniciada hace una semana, "no se va a levantar, la medida de lucha continúa y el primer ministro tiene que venir a dialogar", dijo el miércoles Ever Gamarra, presidente del Comité Central de Lucha de la provincia de La Convención (en la región de Cusco, sur).
Por su parte, el primer ministro, Javier Velásquez, afirmó que si se levanta la paralización, "mañana mismo agarro un avión y voy a dialogar", subrayando que el gobierno "tiene voluntad de diálogo, pero no va a ceder al chantaje de una medida de fuerza".
En una asamblea en Quillabamba, capital de La Convención, 780 kilómetros al sureste de Lima, el comité de lucha acordó en las últimas horas "radicalizar la huelga", señaló el alcalde provincial, Marco Chalco, a la radio RPP.
Miles de pobladores de esa provincia mantienen bloqueadas carreteras, impiden el transporte y obligaron al cierre de comercios, todo bajo vigilancia de un fuerte contingente policial enviado desde Lima.
Por su lado, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), encargada de transportar el gas desde el yacimiento de Camisea, en La Convención, hacia la costa peruana, informó en un comunicado de que la policía repelió el miércoles ataques a pedradas lanzados por manifestantes contra sus campamentos. Los manifestantes además intentaron tomar por asalto el pequeño aérodromo de Kitani, según TGP.
El primer ministro había denunciado en la mañana del miércoles que grupos de huelguistas tomaron un campamento vinculado a los yacimientos de gas de Camisea, donde se apropiaron de equipos de comunicaciones y a las personas presentes "las obligaron a marchar".
Según Velásquez, el gobierno tiene informes de inteligencia de que en estos actos "habría participación de gente de (la agrupación maoísta) Sendero Luminoso", aunque no dio detalles sobre su versión.
Las protestas se han concentrado en Quillabamba, de 60.000 habitantes, y en la vecina Echarate, de 30.000 habitantes.
La exigencia es que el gas natural que produce el yacimiento de Camisea, uno de los mayores del continente americano, se destine al consumo interno y no se exporte a México y España.
El gobierno decretó el domingo el estado de emergencia por 60 días en el distrito de Echarate, donde se ubica el complejo gasífero, lo cual alteró aún más el ánimo de los manifestantes.
La exportación del gas de Camisea está a cargo del consorcio Perú LNG, conformado por la estadounidense Hunt Oil (50%), la española Repsol (20%), la coreana SK Energy (20%) y la japonesa Marubeni (10%).
Las protestas se realizan en medio de un debate nacional por la posibilidad de que el mercado local se vea afectado por la exportación del gas de Camisea, única fuente del energético en el país.
Expertos en energía han denunciado que el precio del gas natural y el monto de regalías aplicadas a la exportación son menores a los que se pagan por su consumo en Perú.
El malestar obligó al gobierno a plantear a mediados de julio una renegociación al consorcio LNG, en busca de superar las distorsiones en los precios del gas entre los mercados interno y externo.
Camisea tiene unos 365.000 millones de m3 de reservas probadas de gas, suficientes para atender la demanda interna durante 20 años y además cumplir con el contrato de exportación, según el gobierno.
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