Aunque el analista palestino Natur Suheil reconoce que ha sido "un primer paso", no está contento con la nueva norma y se muestra escéptico por su aplicación sobre el terreno.
"No es lo que esperábamos desde hace 63 años. Nada ha cambiado, es lo mismo que antes pero ahora decidido por un decreto ministerial", apunta Suheil, que milita desde hace años por la mejora de la situación de sus compatriotas en los campos de refugiados en el Líbano.
Suheil se queja de que se han dividido sus derechos, ya que por un lado está el de trabajo, luego el la Seguridad Social y, por último, el de la propiedad, que es rechazado categóricamente por los libaneses que temen el asentamiento definitivo de los palestinos.
La ONU calcula que unos 400.000 refugiados palestinos viven en el Líbano, casi la mitad de ellos en doce campos repartidos por todo el país, en condiciones muy precarias.
El Líbano, que teme su asentamiento definitivo, no les concede derechos básicos como la compra de bienes inmobiliarios o la creación de asociaciones.
A ese respecto, Suheil indica que "el sistema político confesional en vigor en el Líbano hace que algunos se escuden en el temor a un asentamiento" definitivo para no reconocer los derechos de los palestinos.
El ministro de Trabajo libanés, Butros Harb, explicó que con la nueva ley "los refugiados palestinos podrán trabajar en todas las profesiones, en acuerdo con los sindicatos, sin tener necesidad de obtener un permiso especial" como sucede con los extranjeros.
Y es que hasta la aprobación de la norma se les prohibía desempeñar algunas profesiones como médico, farmacéutico y abogado.
Con la nueva legislación tendrán, además, acceso a la Seguridad Social, que tenían vetada hasta ahora, con la creación de una cuenta especial, en la que el Gobierno libanés no participará, sólo los empresarios contratantes.
La salud y la educación continuarán dependiendo de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNWRA), aunque el Ejecutivo de Beirut ha anunciado que iniciará una campaña para que los países donantes aumenten su ayuda a este organismo internacional.
El investigador independiente en los campos palestinos Yaber Suleimán consideró que la nueva ley no va a suponer ningún cambio en la vida de los refugiados porque "uno de los mayores problemas que tienen es su (falta de) documentación, por lo que será difícil que encuentren trabajo".
La mayoría de los refugiados palestinos que viven en el Líbano llegaron en el 1948 tras la creación del Estado de Israel.
Esos primeros desplazados están inscritos en los registros oficiales y cuentan con documentación, pero no ocurre lo mismo con el resto de palestinos que llegaron al Líbano en oleadas sucesivas, como los expulsados de Jordania en 1970 en el llamado "Septiembre Negro".
Suleimán apuntó que no se necesitaba enmendar ninguna ley porque antes de la aprobación de la norma el pasado día 17, "los ministros de Trabajo, Trad Hamade en 2005 y Butros Harb hace dos meses, habían suprimido varias restricciones hechas a los palestinos que antes no podían ejercer 70 profesiones".
Para el experto, los palestinos siguen estando "marginados y viviendo en condiciones muy difíciles".
La cuestión de los derechos de los refugiados volvió a resurgir cuando hace dos meses el dirigente druso Walid Yumblat presentó con carácter de urgencia un proyecto de ley ante el Parlamento libanés sobre ese asunto.
El borrador fue enviado a una comisión para un examen más profundo a raíz de la protestas de algunos líderes cristianos, de todas las tendencias políticas, que temía que fuera un primer paso hacia la implantación de los palestinos en el Líbano.
Y es que un asentamiento definitivo de los palestinos, de mayoría musulmana suní, alteraría el delicado equilibro confesional de un país donde conviven dieciocho religiones.
Uno de los políticos contrarios a la nueva norma es el ex presidente libanés Amin Gemayel, dirigente de la mayoría parlamentaria, quien describió la decisión de la Cámara como "un primer paso hacia el asentamiento definitivo de los refugiados en el Líbano".
Aun así, "somos favorables a que se les conceda toda la asistencia que necesitan, pero dentro de un marco que prevé el rechazo a su asentamiento", precisó Gemayel por teléfono.
Para el ex jefe de Estado, la norma está contradicción con un pacto alcanzado recientemente por los partidos en el que acordaron que cualquier decisión sobre los palestinos debería ser "consensuada, adoptada por unanimidad y estipular el rechazo a su implantación" el Líbano.
"Somos un país pequeño, de unos 3,5 millones de habitantes, y agregarle 500.000 lo desequilibraría mucho más", concluyó Gemayel.
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