BRUSELAS.- La Comisión Europea propondrá mañana un nuevo conjunto de sanciones de hasta el 0,2% del producto interior bruto (que en el caso de España supondría 2.000 millones de euros) para los países con déficit o desequilibrios excesivos, como burbujas inmobiliarias. Los castigos, abanderados por Alemania, serán semiautomáticos y se activarán en una fase temprana del procedimiento para evitar nuevas crisis de deuda como la que ha afectado a Grecia, España, Portugal e Irlanda, informaron fuentes europeas.
El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, dijo este lunes que espera que las nuevas sanciones puedan aplicarse ya a partir del verano de 2011. Otras fuentes explicaron que lo más probable es que no entren en vigor hasta 2012 y que no tengan carácter retroactivo para los países que están ya expedientados por déficit excesivo, entre los que se encuentra España.
Las sanciones se activarán incluso antes de que se supere el umbral del 3% de déficit previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) si el Estado miembro en cuestión no realiza los ajustes necesarios para acercarse al equilibrio presupuestario. En ese caso, Bruselas quiere obligar al afectado a bloquear un depósito del 0,2% del PIB. Este depósito se convertirá en una multa si al final del expediente el Gobierno no ha tomado las medidas exigidas para corregir el déficit.
En la actualidad, el Pacto de Estabilidad ya prevé este tipo de multas para los infractores, pero nunca se han aplicado en la práctica. El momento en que se estuvo más cerca de imponer multas fue en 2003, pero Alemania y Francia, que eran los países incumplidores, paralizaron el proceso y forzaron una reforma del Pacto para flexibilizarlo.
Bruselas quiere también que se suspendan los fondos estructurales y las ayudas al desarrollo rural a los países con déficit excesivo. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, lo ha rechazado.
Las sanciones se activarán de forma semiautomática a propuesta de la Comisión, ya que se necesitará una mayoría cualificada de los Estados miembros para vetar la iniciativa de Bruselas en lugar de para ratificarla, como ocurre ahora.
La Comisión propondrá además que se tenga más en cuenta el límite del 60% de deuda previsto en el PEC y que hasta ahora se ha ignorado. Así, un país que no supere el umbral del 3% de déficit pero que tiene una deuda por encima del umbral podrá ser objeto de un expediente por déficit excesivo y se le exigirá un ritmo de reducción anual que dependerá del volumen de deuda.
Aparte del procedimiento por déficit excesivo, el Ejecutivo comunitario pretende crear un procedimiento por desequilibrios excesivos, que se traducirá en multas de hasta el 0,1% del PIB (en el caso de España, 1.000 millones de euros) para los países que no adopten las medidas recomendadas para frenar su pérdida de competitividad, por ejemplo para los que no eviten la aparición de burbujas inmobiliarias.
Este nuevo sistema de vigilancia se basará en una serie de indicadores para detectar de forma precoz cualquier desequilibrio que amenace la estabilidad de la economía europea. Los Veintisiete ya se han puesto de acuerdo a nivel técnico en nueve indicadores: se trata del balance por cuenta corriente, la posición neta de activos exteriores, el tipo efectivo de cambio real basado en los costes salariales unitarios, el tipo efectivo de cambio real basado en el deflactor del PIB, los precios de la vivienda, la deuda del Gobierno y el ratio de crédito al sector privado en porcentaje del PIB.
Salgado rechazó este lunes que se impongan sanciones a los países que pierden competitividad por considerar que ello no depende directamente de la acción del Gobierno. Pero fuentes diplomáticas explicaron que se encuentra aislada porque el resto de países de la eurozona (a los que se aplicaría en principio el castigo) están de acuerdo.
La mayoría de las propuestas que presentará la Comisión este miércoles ya han sido discutidas por los ministros de Economía de la UE en el grupo presidido por el presidente permanente de la UE, Herman Van Rompuy. El objetivo es alcanzar un acuerdo en octubre, aunque sigue habiendo muchas diferencias sobre la cuestión de las sanciones.
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