El diario El Mundo informa en su edición de hoy martes que el banco emisor había decidido aumentar los recursos del fondo de rescate para poder afrontar una posible intervención de una entidad financiera en el futuro.
"Se trata de una línea de crédito para poder utilizarla en caso de emergencia pero no se ha hecho uso de ella", explicó esta fuente que agregó los 3.000 millones de euros proceden de una línea de liquidez negociada a finales de julio y prestada al FROB por algunas entidades españolas.
El Banco de España no quiso comentar estas informaciones.
Hasta el momento, el proceso de concentración de las cajas de ahorros en España ha tenido un coste de unos 11.000 millones de euros y el fondo había sido dotado inicialmente con 12.000 millones de euros.
Con esta nueva línea de liquidez, las dotaciones del FROB sumarán 15.000 millones de euros para cerrar la reestructuración del sistema financiero.
El Gobierno creó el FROB en junio de 2009 con el objetivo de contribuir a mejorar la solvencia de las entidades financieras y sus planteamientos para integraciones incluyen ayudas públicas que las entidades deben devolver posteriormente con sus intereses respectivos.
La Comisión Europea amplió hasta finales de diciembre la vigencia del FROB.
"Esto podría incrementar las preocupaciones respecto a las potenciales necesidades adicionales de capital del sistema financiero español", dijo BPI en un nota de análisis.
En el mercado se han incrementado los temores a que las entidades financieras tengan que reforzar o ampliar su capital a la vista de las nuevas exigencias fijadas por el Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BIS).
Los bancos tendrán que triplicar el capital de alta calidad que deben mantener en reserva, hasta el 7 por ciento desde el 2 por ciento actual, pero a cambio se amplían los plazos para su introducción plena hasta enero de 2019.
En las pruebas de resistencia a la que fueron sometidas las entidades europeas a finales de julio pasado, cuatro grupos de cajas españolas y la intervenida CajaSur suspendieron los exámenes de resistencia al incumplir los ratios de capital Tier-1 fijados en el 6 por ciento. Estas entidades necesitaban 2.043 millones de euros para cumplir con los criterios de solvencia.
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