MADRID.- El juego y las apuestas por Internet en España generaron el pasado año, desde la alegalidad en la que se encuentra su actividad, un volumen de beneficios que ascendió a 260 millones de euros, una cantidad que superará este año los 300 millones a pesar de la crisis.
Los datos son de la Asociación Española de Apostadores por Internet (Aedapi), cuyo presidente, el británico Sacha Michaud, ha reconocido el vacío legal que existe en España respecto al juego en la red, aunque ha insistido en que su actividad no puede considerarse en ningún caso ilegal ya que no existe una legislación que lo prohíba o delimite.
La Aedapi está registrada en Valencia, y todas las empresas asociadas son extranjeras, han señalado fuentes de esta asociación.
Frente a la "alegalidad" en que según la Aedapi se encuentra su actividad, las principales patronales del juego (que agrupan a casinos, bingos, salas de juego o empresas de tragaperras) hablan abiertamente de ilegalidad, y critican la pasividad de las administraciones públicas españolas frente a las compañías "on-line", que no tienen ni sede ni trabajadores en España y que no pagan ningún impuesto en el país a pesar de facturar -calculan- más de 600 millones de euros anuales.
El presidente de la Confederación Española de Empresarios del Juego, Eduardo Antoja, ha observado que las empresas españolas pagaron el pasado año unos 2.000 millones de euros en tasas de juego a las distintas administraciones, mientras que las empresas que operan por Internet desde fuera de España no pagaron nada.
Las patronales, que han incidido en que no están contra el juego por Internet pero sí contra la desregulación actual, han puesto de manifiesto que ninguna de las empresas que ofrece juegos "on-line" cuenta con la autorización o licencia para desempeñar esa actividad en España.
De los datos facilitados por las principales patronales (la Confederación Española de Empresarios del Juego, la Asociación Española de Casinos de Juego y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Juego del Bingo) se desprende que el sector del juego de gestión privada emplea directamente en España a unas 50.000 personas.
Este sector calcula que el presente año el importe jugado (en máquinas recreativas, en bingos o en casinos) rondará los 16.700 millones de euros, un 22 por ciento menos que durante los tres últimos años, un descenso que contrasta con el progresivo crecimiento del juego "on-line".
Así, el presidente de la Asociación Española de Apostadores por Internet, Sacha Michaud, ha precisado que los 260 millones de beneficios obtenidos el pasado año supusieron un aumento del 20 por ciento respecto a las cifras de 2008, y calcula que este año superarán "holgadamente" los 300 millones de beneficios.
Michaud ha subrayado también la necesidad de contar con un marco legal que regule su situación y una legislación que defina el régimen fiscal para que las empresas que ofrecen estos servicios paguen impuestos en España.
El presidente de esta asociación ha informado de que no existe ninguna casa de apuestas "on-line" española, y de que la mayoría tienen sus sedes en otros países de la UE, como el Reino Unido, "donde tienen licencia para operar, pagan sus impuestos y emplean a sus trabajadores".
Sacha Michaud es tajante al defender la legalidad de su actividad: "estas empresas operan en España gracias a la libre circulación de bienes y servicios entre estados miembro de la Unión Europea".
Para regular la situación, tanto el juego por Internet como el que se puede hacer por el teléfono móvil o la televisión, el Gobierno prepara la Ley del Juego (ahora en fase de anteproyecto), un texto con el que el Ejecutivo pretende además prevenir delitos como la estafa o el blanqueo de capitales, y sobre todo proteger a los consumidores, a los menores y a las 40.000 personas que voluntariamente han pedido que no se les permita acceder al juego.
Sacha Michaud ha celebrado ese paso, aunque ha criticado algunos aspectos, entre ellos que el Ejecutivo pretenda gravar de forma diferente cada modalidad de juego o que una "hipotética" privatización del organismo Loterías y Apuestas del Estado (LAE) propicie que éste acabe compitiendo con las empresas españolas y europeas de juego "on-line" pero desde una situación ventajosa por tener impuestos distintos.
El presidente de esta asociación de apostadores por Internet ha defendido la necesidad de crear un escenario competitivo donde el usuario no tenga necesidad de jugar en portales fuera de un ambiente regulado, evitando así además el "mercado negro".
A su juicio, el nuevo texto debería definir con claridad ese escenario para que este mercado sea "seguro para los consumidores, rentable para el Estado y competitivo para las empresas".
Por su parte, las patronales del juego privado (las que representan a los casinos, bingos o tragaperras) subrayan la importancia de contar con una legislación única y de alcance nacional y de disponer también de un catálogo de juegos que determine cuáles necesitan licencia o autorización, con el fin de evitar fraudes y de diferenciar los que son legales y los que no.
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