viernes, 24 de septiembre de 2010

En Argentina los empresarios se oponen a repartir ganancias

BUENOS AIRES.- Las entidades empresariales expresaron su rechazo a un proyecto gremial respaldado por el gobierno que propone la distribución del 10% de las ganancias de las empresas entre sus trabajadores.
 
Además, advirtieron que repartir ganancias entre los empleados y permitirles fiscalizar la marcha de las empresas atenta contra el derecho de propiedad.

La industria, el campo, el comercio, los bancos y la construcción son algunos de los sectores que se unieron para dar a conocer un comunicado de rechazo al proyecto de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La CGT, cuyo titular Hugo Moyano es el líder del poderoso gremio de los camioneros, tiene lazos estrechos con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, quien a su vez elogió y se mostró totalmente de acuerdo con esa iniciativa.

"Las cámaras rechazan categóricamente los proyectos en cuestión", dijo el comunicado difundido en la noche del miércoles por el denominado Grupo de los Siete, porque agrupa a los siete principales sectores empresariales.

Según los empresarios, esas iniciativas "avanzan hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita".

La iniciativa de la CGT ingresó hace una semana a la Comisión de Legislación Laboral, que preside el diputado oficialista Héctor Recalde.

El oficialismo confía en que el proyecto será aprobado con los votos de sectores izquierdistas de la oposición, que tiene mayoría en ambas cámaras.

Una vez promulgada la ley, el nuevo régimen comenzaría a regir a partir del año fiscal siguiente para las empresas con más de 300 trabajadores.

A los dos años de su promulgación, abarcaría a las que tengan hasta 100 personas trabajando y en tres años a todas las empresas que funcionen en el país.

Las ganancias que se distribuirían serían calculadas sobre la utilidad anual de las empresas, descontando impuestos e inversiones.

La proporción de ganancia que correspondería a cada trabajador se establecería según parámetros como la antigüedad y el nivel salarial.

El Grupo de los Siete sostuvo que si los proyectos se aprueban se otorgarán a los sindicatos "facultades de fiscalización e información ajenas a su cometido, muy superiores a las de los propios accionistas".

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