Francia ha repatriado a más de 8.000 gitanos a Rumanía y Bulgaria este año, algunos de ellos dentro de la iniciativa contra la delincuencia del presidente Nicolas Sarkozy, que se ha ganado las críticas de los grupos de defensa de los derechos humanos, la Iglesia católica y políticos franceses.
Reforzando la presión sobre Francia, miembros del Parlamento Europeo aprobaron el jueves una resolución que acusa a París de quebrantar las normas de la Unión Europea sobre discriminación y libre movimiento de personas.
La resolución expresó la "profunda preocupación" sobre las medidas tomadas por Francia y otros países miembros de la UE contra los gitanos, instándoles a "suspender de inmediato" todas las expulsiones y peticiones para que la Comisión Europea intervenga.
Los legisladores de la UE han criticado a la Comisión por no responder a Francia de inmediato y por no coordinar una respuesta en bloque a la discriminación contra los más de 10 millones de gitanos que viven en los Veintisiete.
En la resolución, que fue aprobada por 337 votos a 245, los legisladores expresaron su "profundo pesar" por lo que describieron como una reacción "tardía y limitada" de la Comisión Europea, a la que instó a desarrollar un plan para combatir la discriminación.
La semana pasada, la Comisión pidió a Francia que probara que su campaña cumplía con las normas de la Unión Europea.
Francia argumenta que los gitanos que está repatriando viven en campamentos ilegales que fomentan el delito.
El país dice que las repatriaciones son voluntarias - los gitanos que acceden a irse de inmediato reciben 300 euros además del billete a casa - y niega que esté tratando mal a un grupo de personas que, como ciudadanos de la UE, tienen derecho a vivir y trabajar en todo el bloque.
Los opositores a Sarkozy han denunciado las medidas como un esfuerzo para resucitar su languideciente popularidad y distraer la atención de la impopular reforma de las pensiones y los recortes de gastos.
El número de gitanos que han emigrado hacia el oeste del continente ha crecido desde la ampliación de la UE hacia el este en 2004 y 2007. Muchos no han encontrado trabajo y algunos están mendigando por las calles de las grandes ciudades europeas.
Las organizaciones de derechos humanos han advertido de que algunos niños gitanos son víctimas de tráfico de seres humanos.
Rumanía, país en el que viven unos dos millones de gitanos, ha defendido el derecho que tienen a moverse libremente por los Veintisiete.
"Castigar a los culpables debería ser algo individual, no colectivo, cumpliendo con las normas de derechos y obligaciones de los ciudadanos de la UE", dijo el ministro de Exteriores, Teodor Baconschi, en un artículo de opinión en el diario rumano Evenimentul Zilei el jueves.
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