PARÍS.- Francia reducirá el gasto público y eliminará algunas exenciones impositivas en 2011, pero sobre todo se apoyará en una mejora de la economía para sanear sus cuentas públicas, según el proyecto de presupuesto oficial, que fue criticado por economistas por ser poco ambicioso.
Consciente del descontento de los votantes por la reforma del sistema previsional antes de las elecciones de 2012, el presidente Nicolas Sarkozy busca honrar la promesa de reducir el déficit sin caer en los niveles de austeridad que debieron aplicar varios de sus socios de la zona euro.
El plan general es recortar el déficit al 3 por ciento del PIB exigido por la Unión Europea para 2012 y a un 2 por ciento hacia 2014.
La ministra de Economía, Christine Lagarde, dijo que esperaba que el plan para hacer recortes cercanos a los 40.000 millones de euros el próximo año tranquilizaría a los mercados financieros, nerviosos por los altos niveles de deuda de muchos países europeos.
"Los inversores que financian y refinancian nuestra deuda son extremadamente sensibles a las mejoras en las finanzas públicas, al igual que las agencias de calificación", declaró la ministra a la prensa.
El Gobierno de Sarkozy tiene que convencer a los mercados de que Francia es suficientemente seria en su compromiso de controlar el déficit, pero al mismo tiempo debe evitar crear dudas sobre los ingresos de los consumidores a medida que sale de la recesión.
Los economistas afirman que el pronóstico del Gobierno de un crecimiento económico del 2 por ciento para el próximo año luce optimista, lo que genera dudas sobre el resto de las metas.
"Esta (austeridad) probablemente no vaya lo suficientemente lejos", dijo Marie Diron de Oxford Economics.
Sarkozy transita un delicado equilibrio entre la austeridad y sus bajos niveles de popularidad.
El proyecto de presupuesto aspira a ahorrar 15.000 millones de euros al no renovar parte de las medidas de estímulo introducidas durante la crisis, otros 10.000 millones al limitar las exenciones tributarias y casi 7.000 millones de medidas en el sector burocrático, entre ellos un congelamiento de salarios, recortes de empleos y límites en el gasto.
Según economistas, esos recortes son menores a los planeados por países como Reino Unido y España.
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