LA HABANA.- La apertura a pequeños negocios privados que anunció el Gobierno de Raúl Castro recibió una cautelosa bienvenida de los cubanos, que se preguntan sobre el acceso a los insumos y al crédito, el impacto de los impuestos y el rigor de los controles.
"Yo cocino rico y en mi casa podría poner una cafetería. Pero para eso hay que tener plata. ¿Me van a prestar? ¿Cuánto me van a cobrar de impuesto? ¿De dónde voy a sacar la harina, el azúcar, de la tienda donde todo es carísimo o ni hay? cuestionó Marilís, de 39 años, administrativa en una escuela, que teme quedar desempleada.
El diario oficial Granma publicó el viernes la lista de 178 actividades autorizadas para el trabajo por cuenta propia, como parte del plan de eliminar unos 500.000 empleos estatales en los próximos seis meses, en busca de eficiencia y productividad. En 83 de las 178 actividades se podrán contratar empleados que no sean parientes, lo que abre la vía a la pequeña y mediana empresa, abolida en 1968.
Pero para que resurja, "el sistema bancario requiere de modificaciones que faciliten la supervivencia de las nuevas opciones", advirtió el economista Ariel Terrero.
Granma señalo que el Banco Central estudia cómo otorgar los créditos, pero muchos interesados en poner un negocio piden aclarar las condiciones pronto, pues las licencias empezarán a concederse en octubre.
El ministro de Economía, Marino Murillo, admitió además que los "cuentapropistas" tendrán que abastecerse en el mercado minorista a los precios actuales, pues el Estado no está condiciones de ofrecer otras facilidades.
"Es como el otorgamiento de tierras (a manos privadas) y luego uno apenas tiene un machete para trabajarla. Eso puede llegar a ser desalentador", comentó el ciudadano Roberto Serrano en un foro en la prensa local.
La mayoría de las actividades ya se venían realizando de manera ilegal, como alquilar habitaciones, gimnasios, y vender de producciones agrícolas; pero ahora, al pasar a la legalidad, deberán pagar tributo sobre ingresos personales, las ventas o los servicios, por la contratación de fuerza de trabajo, y la seguridad social. Las autoridades no han precisado aún el monto de los impuestos, pero según un documento del gobernante Partido Comunista filtrado a los medios serían de entre un 10% y un 40%.
"Lo que queda claro es que va a tener que pagar impuesto hasta el gato", comentó Alfonso Martínez, un vendedor de periódicos de 81 años.
Mientras futuros cuentapropistas temen que con los impuestos "no dé la cuenta", sus potenciales clientes piensan que esa carga caerá sobre ellos en el precio final de los productos o servicios. "Todo se pondrá más caro, como sucedió con las barberías" estatales que el Gobierno cooperativizó y "ahora tienen precios exorbitantes", dijo Elena, una enfermera de 43 años.
Pese a que las medidas van más allá de la pequeña apertura a la iniciativa privada autorizada en 1993 -en plena crisis económica causada por la caída del bloque soviético-, muchos cubanos temen que las multas, los inspectores, los requisistos de licencias y la falta de materia prima les lleven a cerrar sus futuros negocios, como sucedió en aquella época.
Los anuncios "empiezan a ofrecer garantías a potenciales empresarios privados" pero están "suspicaces" por "reversiones pasadas de decisiones similares", dijo por correo electrónico el académico Arturo López, residente en Estados Unidos.
Ya en los años 80 y 90, Cuba emprendió procesos de apertura al trabajo privado para "desinflar" las nóminas estatales, que no obstante actualmente suman 4,2 millones de empleados, contra unos 800.000 en el sector privado y cooperativo.
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