El Comité de Basilea de supervisión bancaria, encargado de elaborar el nuevo marco reglamentario del sector y que agrupa a los banqueros centrales y reguladores de 27 países, celebrará su encuentro en la sede del Banco de Pagos Internacionales (BPI).
Si bien no se filtró ninguna información del "banco central de los bancos centrales" en cuanto al número de participantes y el objetivo de la reunión, los observadores esperan que el comité ponga el toque final a la reforma prevista, de cara a la cumbre del G-20 en noviembre próximo en Seúl.
"Espero que se comuniquen nuevos detalles a principios de la semana próxima", indicó el analista Rainer Skierka, del banco Sarasin.
Las grandes líneas de esta reforma destinada a evitar un nuevo derrumbe del sector bancario como ocurrió en la crisis financiero en 2008 ya se conocen.
El texto, denominado 'Basilea III', se centra en aumentar los encajes de los bancos (reservas mínimas de dinero en efectivo que deben mantener en caja) y prohibirles contabilizar los activos de riesgo que podrían desvalorizarse rápidamente.
Las nuevas disposiciones deberían entrar en vigor finalmente en 2018, después de que se postergara la fecha inicial prevista de 2012 y se agregara un periodo de transición hasta 2017.
Según los anteriores acuerdos denominados 'Basilea II' y concluidos en 2006, la parte mínima de fondos propios fue establecida en el 4% y el "núcleo duro" de capital en el 2%. Estos dos elementos deben ser aumentados en varios puntos porcentuales.
De hecho, muchos bancos ya tienen proporciones más elevadas, pero las nuevas normas deberían limitar los tipos de activos que los establecimientos bancarios podrán utilizar para definir sus fondos propios, obligándolos en algunos casos a recaudar dinero.
A esto se agregan nuevas exigencias en materia de liquidez, endeudamiento y "amortiguadores" financieros que fuerzan a los bancos a poner más dinero de lado durante las épocas de prosperidad.
Un ejemplo del desafío que suponen las nuevas reglas es que en Francia y Alemania los bancos podrían verse obligados a recaudar unos 255.000 millones de euros para satisfacer la normativa.
Frente a los temores del sector, la ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, afirmó que era "imperativo no penalizar (a los bancos) imponiéndole exigencias excesivas".
En efecto, si los grandes bancos no tendrían mayores problemas para poner de costado los fondos necesarios, la situación sería más complicada para los establecimientos de mediana talla, señaló el analista Rainer Skierka.
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