SAN JOSÉ.- Un millón de onzas de oro esperan, bajo los cerros Botija y Fortuna de Costa Rica, que un tribunal decida si pueden ser extraídas o no, mientras los lugareños toman bandos antagónicos ante este proyecto minero canadiense rechazado por ecologistas.
La vida en la aislada zona de Las Crucitas de Cutris, en el norte del país, cerca de la frontera con Nicaragua, ha cambiado dramáticamente desde que hace más de una década se confirmara que bajo la tierra había oro, metal que alcanzó precios récord en el mercado mundial en el último tiempo: sobre 1.300 dólares la onza.
Un tribunal debe resolver próximamente si da luz verde o roja a esta mina, mientras 10 ecologistas mantienen una huelga de hambre desde el viernes frente a la casa de gobierno en San José para presionar a la presidenta Laura Chinchilla a sepultar para siempre este proyecto.
La maestra de la escuela de Las Crucitas, Gineth Laguna, está feliz con la empresa canadiense Infinito Gold, que arregló el camino y electrificó el caserío, situado a 200 kilómetros de San José, pero no todos los vecinos opinan igual. "La mayoría de los papás (de los alumnos) depende directa o indirectamente de la mina", explica Laguna, quien cuenta que la compañía "me ha ayudado mucho: si necesito trabajadores para reparaciones en la escuela, ellos me mandan". "También les dan permiso a los papás para asistir a las actividades" de la escuela, dice la maestra.
Catorce alumnos de seis niveles de primaria comparten el único salón de clases de esta pequeña escuela rural, remodelada en 2007 por la minera.
Pero 13 de los 14 alumnos levantan su mano en señal de aprobación al proyecto, pero también hay detractores que afirman que esta mina a cielo abierto, con una vida útil de 10 años, destruirá el ambiente.
"Hay muchas razones por las cuales nos oponemos a las minas: la principal, la contaminación", dice Alfredo Arias, de 59 años, quien tiene una finca próxima al yacimiento. Su esposa, Digna María Elizondo, opina lo mismo.
Hace una década que debería haber comenzado la explotación de la mina, pero sucesivas trabas administrativas y judiciales han retrasado su inicio, mientras el proyecto se ha convertido en blanco de los ambientalistas del país.
Cinco gobiernos han otorgado permisos a Las Crucitas, pero la minería tiene mala reputación en Costa Rica, a diferencia de Chile o Perú.
Chinchilla ha prometido que prohibirá la actividad minera en el país, pero no ha quitado la licencia a esta mina, pues tendría que indemnizar con 1.700 millones de dólares a la empresa.
La construcción del campamento minero y la planta de producción está paralizada desde hace dos años por orden del tribunal constitucional, que luego dio luz verde al proyecto. Un gigantesco molino, piletas de lixiviación y un comedor siguen a medio terminar en el predio de 200 hectáreas de la empresa.
También quedó paralizada la tala de bosques en los cerros Botija y Fortuna, en cuyas entrañas se esconde el valioso metal. Precisamente la tala de árboles, incluidos almendros amarillos, es uno de los puntos cuestionados por los ecologistas, que alegan que son refugio de especies en peligro de extinción, como las lapas verdes, un tipo de guacamayo.
Pero la empresa, que llegó a tener 250 empleados y ahora opera al mínimo con menos de 40, se defiende afirmando que el aspecto ambiental es una de las fortalezas de Las Crucitas.
"El proyecto es viable desde las ópticas ambiental, legal, social y económica. La zona de Crucitas es de suelos muy pobres, no es posible desarrollar una agricultura" rentable, dice el portavoz de Infinito, Ronald Álvarez. "Comprendemos que por ser una actividad nueva, con imagen mala, ha sido un poco difícil dar a conocer los beneficios", señala Álvarez, agregando que lo que está en juego en el fallo que dictará el Tribunal Contencioso-Administrativo "son las reglas del juego para los inversionistas".
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