MADRID.- La paralización de una obra infraestructuras públicas para aplazar su ejecución supone un sobrecoste para el erario público de entre un 20% y un 25%, según la estimación de la patronal de ingeniería Tecniberia.
El encarecimiento del proyecto deriva fundamentalmente del desempleo que genera paralizar la construcción del proyecto y de lo que el Estado dejará de recaudar por el descenso de actividad que supone, según explicó el presidente de Tecniberia.
El incremento del coste deriva también del pago de las compensaciones que se afronten por la paralización, y por el importe que supondrá subsanar el deterioro de la obra parada una vez que se reanude, añadió González Vallvé en la rueda de prensa en que denunció la situación que actualmente atraviesa el sector de la ingeniería por el recorte de la inversión pública.
Tecniberia denunció que unos 12.000 ingenieros perderán su empleo este año, por el desplome de inversión en ingeniería (de hasta el 60% en el Ministerio de Fomento) en que se ha traducido el ajuste en la obra pública.
El departamento que dirige José Blanco anunció el pasado mes de julio la cancelación o aplazamiento de alrededor del 20% de sus contratos que el Ministerio tiene en marcha, esto es, la rescisión de 32 obras y la demora de unas 199.
Los ingenieros manifestaron no obstante su satisfacción por el papel que se otorga a los proyectos y a la ingeniería en los pliegos por los que Fomento contratará las obras del Plan Extraordinario de Inversión en Infraestructuras que ejecutará en colaboración con la iniciativa privada para compensar el recorte del presupuesto público.
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